“La política antidrogas del Estado debe proteger a los consumidores para contribuir con su rehabilitación sin que medie algún matoneo, repudio, linchamiento o sanción social”
La política antidrogas propuesta por el Gobierno Nacional resulta sumamente acertada según la realidad que aqueja a la juventud colombiana. Día a día somos testigos de la infinidad de jóvenes adolescentes que sufren las consecuencias de recaer en un flagelo potente que, sin misericordia alguna destruye las vidas, los hogares y las familias colombianas.
El consumo de sustancias alucinógenas se incrusta en el sano desarrollo de los jóvenes para arrebatarles la felicidad, sus sueños, metas, y proyectos de vida. La droga se presenta como un demonio encubierto de diversión para corroer todos los aspectos positivos de la condición humana. No puede haber tranquilidad, concentración y superación en el crecimiento de una nueva generación, cuando esta se encuentra extraviada por los vicios momentáneos.
Tesis desacertadas proferidas por la Corte Constitucional tales como la dosis de aprovisionamiento y el libre desarrollo de la personalidad, nunca debieron constituirse como prerrogativas para alcahuetear la drogadicción de las personas. En términos simples, lo que la Corte hizo fue permitirles a nuestros jóvenes perderse en las drogas alucinógenas bajo ciertos parámetros maquillados de legalidad. Como si consumir marihuana fuera positivo para la democracia y las generaciones venideras. ¡Habrase visto semejante despropósito!
Por tal razón, debe prohibirse de tajo en cualquier evento el consumo, pues este es nocivo para los ciudadanos. Si bien quieren utilizar la marihuana, que lo hagan para efectos medicinales y con un previo dictamen médico; pero no para el uso personal de los colombianos. ¡Ello únicamente ocasiona desgracias comunitarias!
Ahora bien, es razonable considerar que cada uno pueda hacer con su vida lo que le plazca hasta el punto de drogarse, no obstante, no deja de ser indispensable que, el Estado en su deber de garante haga uso de todas las acciones necesarias para combatir un flagelo universal, lesivo para la salud pública nacional. Para ello, aunque curioso, es adecuado que decomisen la denominada dosis personal a quien se la encuentren. Sin embargo, la política antidrogas no puede ni debe reducirse a dicho aspecto de manera exclusiva, pues es menester ejecutar una medida integral, en la que se trate la producción, distribución y comercialización, combatiendo de manera vehemente el microtráfico, y el narcotráfico a través de la sustitución y fumigación de cultivos ilícitos por vía del glifosato.
Asimismo, es importante que el Estado garantice rehabilitación, regeneración y resocialización a los drogadictos que anhelan salir de su infierno, pero que no cuentan con las posibilidades socioeconómicas para hacerlo. Eso sí, sin señalarlos y estigmatizarlos por su condición mental, pues estos deben ser tratados meramente como potenciales enfermos y no como criminales deleznables, toda vez que no constituyen un peligro para la sociedad dado que son apenas las víctimas de quien les ha proveído alguna sustancia maligna.
En síntesis, el criminal que comercializa debe ser sancionado y el enfermo que consume debe ser rehabilitado. No podemos tratar al criminal desaforado como un enfermo consumidor, ni al enfermo consumidor como un criminal desaforado. El primero es el culpable de la crisis; el segundo es una simple víctima de la sustancia.
