Las primeras medidas tomadas por el gobierno para proteger los ingresos de la población ante el frenazo de la actividad económica ocasionado por la cuarentena obligatoria han estado dirigidas a los grupos más pobres y vulnerables de la sociedad. Van lentas y todavía no los incluyen a todos (faltan, por ejemplo, muchas de las víctimas y desplazados del conflicto) pero la prioridad era necesaria y son un paso en la dirección correcta.
Faltan medidas para auxiliar a otros dos grupos de personas que también han perdido o van a perder sus ingresos: uno, los trabajadores informales e independientes que ya han superado el nivel de pobreza, pero que dependen de su labor diaria para comprar el mercado. Dos, los trabajadores formales de empresas que han suspendido actividades por la cuarentena; las hay de todos los tamaños, desde Avianca y grandes cadenas hoteleras hasta el salón de belleza o el restaurante de la esquina.
Para el primer grupo, informales e independientes, existe la solución teórica -transferencias monetarias como a los más pobres- pero no el mecanismo práctico para implementarla pues no existe ni el registro de quienes son ni el canal para entregar el dinero. En Estados Unidos dentro del paquete de estímulos de USD 2 billones se incluye la entrega de USD 1.200 a cada ciudadano, pero tampoco saben cómo hacerlo. Aquí hay que empezar por apropiar los recursos y aprobarlas, al mismo tiempo que se diseña el mecanismo para realizarlas.
En el caso de los trabajadores formales la estrategia para mantener sus ingresos es clara: hay que proteger sus empleos y que no sean despedidos. Por eso son acertados, aunque insuficientes, las restricciones que ha establecido Mintrabajo a las suspensiones de contratos de trabajo o despidos masivos. No así el permitir que los trabajadores recurran a sus cesantías para sobrevivir, pues esto es conseguir el pan de hoy con el hambre de mañana.
Empresas con gran solidez financiera, y sobre todo recursos en caja, deberían seguir el ejemplo de Arturo Calle y comprometerse a mantener a sus trabajadores así hayan parado la producción. Pero es imposible pretender que un restaurante, un almacén o una fábrica que han reducido sus ventas o su producción sigan pagando la nómina si no tienen ingresos. Esa es la situación de la mayoría de las empresas y por eso se requiere la intervención del Estado porque la solución de la mano invisible del mercado sería despedir a los trabajadores.
Los gremios han presentado al gobierno numerosas propuestas para ayudar a las empresas; algunas pueden ser necesarias, pero ninguna garantiza que se mantengan todos los empleos. Para lograrlo se necesitan medidas radicales de parte del Estado como las que están adoptando en países como Dinamarca o Inglaterra.
En Dinamarca el gobierno pagará por tres meses el 75% de los salarios de trabajadores, hasta USD 3.200 mensuales, de empresas que hayan tenido que suspender actividades. En Inglaterra, el gobierno cubrirá hasta el 80% de los salarios hasta un monto equivalente al salario promedio, es decir USD 2.900. No es dinero para las empresas sino para los trabajadores.
El costo es enorme. En Dinamarca será el 13% del PIB. Para hacerlo en Colombia hay que conseguir recursos que en el mediano plazo tienen que venir de aumentar los impuestos, pero que para tenerlos ya hay que recurrir al crédito del Banco de la República
