En el diario “la nueva prensa” del 2 de agosto, cuya noticia se titula: Funcionario de Superfinanciera prende el ventilador para denunciar el mecanismo de corrupción Uribe-Sarmiento Angulo-Odebrecht- Martínez Neira- Carrasquilla, se menciona lo siguiente:
Roberto Mauricio Rodríguez Saavedra es uno de los más destacados funcionarios e investigadores de la Superintendencia Financiera. Hoy está suspendido de su cargo y amenazado de muerte debido a que se ha negado a callar, e insistido en denunciar las corruptelas que, dice, descubrió con un equipo de expertos de esa entidad respecto de los principales timos, fraudes y desfalcos contemporáneos de Colombia, entre los que sobresale el caso Odebrecht–Grupo Aval.
Rodríguez Saavedra contactó a este periodista y le entregó por escrito las corruptelas que el próximo 6 de agosto, casi con seguridad, permitirán que un tribunal de arbitramento ordene que todos los colombianos obligatoriamente le paguen a una serie de bancos un billón 400 mil millones de pesos, correspondientes al costo de la corrupción practicada entre Odebrecht y el Grupo Aval. Este último es propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Según este funcionario de la Superintendencia Financiera, Sarmiento Angulo incurrió en autopréstamos cuando tomó dinero de bancos de su propiedad para financiar sus negocios particulares y ahora espera que los colombianos cubran el valor de esas deudas.
La espeluznante noticia continúa su relato así: Varios de los bancos que resultarán beneficiados con ese posible pago también son propiedad del mismo Sarmiento Angulo. Rodríguez Saavedra sostiene que, al haber tomado dineros de los bancos de su propiedad para financiar sus negocios, Sarmiento Angulo incurrió en el delito de auto-préstamos y antes que ser resarcido por el erario que probablemente deberá pagar el costo del fraude, en realidad debería ir a juicio.
Rodríguez Saavedra asegura en su escrito que las corruptelas de Odebrecht y Sarmiento Angulo, así como las indemnizaciones que esperan del estado colombiano después de haberlo defraudado son el fruto de un mecanismo de corrupción al que también pertenecen el senador Álvaro Uribe y el abogado de confianza de Sarmiento (también lo fue de Odebrecht y ex Fiscal General), Néstor Humberto Martínez Neira. Éste, desde la fiscalía encubrió la responsabilidad de Sarmiento y la suya misma en los escándalos de Ruta del Sol. Incluso, cerró toda posibilidad de intercambio de información judicial con la justica de Brasil, de donde es la multinacional Odebrecht.
Además, quien deberá darle el billón 400 mil millones de pesos a los bancos que usaron Odebrecht y Sarmiento Angulo, es el actual ministro de economía, Alberto Carrasquilla, quien está moral y legalmente impedido por sus antecedentes y los intereses que tiene en el asunto, asegura Rodríguez Saavedra.
El tema no termina acá, sino que el funcionario estrella de la superfinanciera quien se encuentra amenazado de muerte dice lo siguiente:
Vale señalar, que la Ministra de Trasporte, Ángela Orozco, está argumentando que el gobierno Santos no alegó caducidad alguna del contrato. No obstante, valga señalar, no lo podía hacer, pues por la corrupción existió clara NULIDAD ABSOLUTA, lo que retrotrae los efectos del contrato como si nunca hubiera existido. De hecho, éste es al argumento que señaló Pablo Felipe Robledo como Superintendente (Superintendente de Industria y Comercio, SIC), y que con posterioridad implicó medidas administrativas contra Luis Calos Sarmiento Gutiérrez (junior) y otros altos directivos del Grupo Aval, actuaciones administrativas hoy paralizadas y cumpliendo términos para su caducidad; es decir, durmiendo el sueño de los justos en el área de competencia de la SIC.
Además, este mismo hecho lo señaló claramente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso (véase en Sentencia del 6 de diciembre de 2018 del mencionado Tribunal, Sección Primera Subsección “A”, Ref.: 250002341000201700083-00), que inhabilitó, entre otras cosas, a Odebrecht y a EPISOL a contratar con el Estado.
De aquí, salta otro interrogante, ¿Por qué no se ha declarado la caducidad de los contratos en que participó Corficolombiana, por ejemplo, la concesión vía al llano, si EPISOL fue inhabilitada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca?
Todo lo anterior nos deja un sinsabor, porque si un Estado débil y pobre como el nuestro no sale de su letargo, va ir directo al matadero, ya que la poca democracia que tenemos será solo un recuerdo, y las arcas del estado quedaran vacías.
Es inconcebible que el pueblo colombiano tenga que pagar con impuestos los chanchullos de los corruptos de cuello blanco. Parecería ser que el Gobierno como algunos colombianos tiene los valores invertidos: En lugar de proteger los intereses del país y de sus nacionales, protege a los corruptos y a los que se encuentran en la ilegalidad.
Como dice el adagio popular: “Tras de bufón, ladrón”. Es decir, hay que premiar a los que les robaron al Estado, y condenar al pueblo a pagar por algo que no comió. ¡Que escandalo!
Y como si fuera poco, siguen manipulando ideológicamente al país con el cuento maniqueista de “nosotros somos los buenos y los malos son otros”.
¿Qué clase de justicia y de gobernantes tenemos? Ahora hay que condenar al ex funcionario de la Superfinanciera porque tuvo el carácter y la personalidad que se requiere para denunciar, en lugar de investigar y condenar a los verdaderos culpables, sin importar que clase de vaca sagrada sea.
