Durante 6 días los indígenas del Cauca protagonizaron a lo largo de la vía Panamericana, en los centros urbanos donde se detuvieron a descansar durante la marcha y, en la capital del país, una minga ejemplar.
Protestaron en paz, con alegría, de manera ordenada e impecablemente organizada, garantizando la protección de los bienes públicos y la limpieza de los lugares en los que se hospedaron. No permitieron la infiltración de vándalos ni de intereses partidistas. Se incorporaron al paro nacional y le imprimieron fuerza, pero mantuvieron la identidad de su propia movilización y utilizaron los canales democráticos de manera excelsa, apelando a la protesta en la calle pero exponiendo paralelamente sus razones en el Congreso.
Provistos únicamente de sus bastones de mando, con el redoble de sus tamboras, el sonido dulce de las flautas y las chirimías y los tonos vibrantes de sus vestimentas, desde lo alto de sus chivas multicolores, marcaron su presencia en el corazón del país y dieron testimonio vivo de la riqueza que representa nuestra diversidad étnica y cultural y de la potencia indeclinable de sus reclamos en democracia.
Echaron por tierra las advertencias del “señor de la guerra,” Alvaro Uribe Vélez” y de todos los voceros del establecimiento, aunadas a las proclamas del Centro Democrático, que como siempre, se apresuraron a satanizarlos sindicándolos de ser violentos y terroristas.
Olvidaron muy convenientemente nuestros sembradores de odio que los indígenas históricamente han sido las víctimas y no los asesinos. Desde la firma del acuerdo de paz, cuyo cumplimiento reclaman los mingueros movilizados, 300 líderes indígenas y 600 dirigentes campesinos, afros y sindicales han caído abatidos de manera violenta.
Ello, haciendo apenas referencia tangencial al proceso brutal de descubrimiento y conquista, bajo el impulso de la codicia y la enseña ideológica de la cristianización, que para los habitantes originarios no fue un encuentro de civilizaciones sino un choque brutal que los dejó al borde de la aniquilación.
Fueron esclavizados por los encomenderos, perecieron hasta casi extinguirse a causa de la violencia ejercida contra ellos, de las enfermedades traídas por los europeos y posteriormente por sus esclavos africanos, como lo prueban Marco Palacio y Frank Safford, en su libro sobre la Historia de Colombia. “ Y, finalmente, cuando los españoles pasaron del saqueo de los tesoros indígenas a las exacciones en forma de tributo laboral sistemático, dislocaron la economía y la sociedad indígenas.”
La disminución de la población originaria fue rápida y devastadora. Hasta el punto de que las comunidades que habitaban a lo largo del Río Cauca perdieron entre 1538 y 1570 entre un 80 y un 95 por ciento de su población.
La disolución de los resguardos indígenas en el siglo XIX, convirtió a los indígenas en peones, aparceros, terrajeros, seres extraños a su propio territorio, acercándolos a los campesinos pobres que compartían la misma precaria situación.
Por ello, a todo lo largo del siglo XX se constituyeron en Colombia movimientos sociales agrarios en lucha por la democratización del derecho a la tierra y al dominio de un territorio, en el único país del Continente que ha sido incapaz de realizar una reforma agraria.
En los últimos 50 años, anteriores a la firma del Acuerdo de Paz, la nación ha estado en guerra y la frontera agrícola y ganadera colombiana se ha expandido por la vía de lo que Alfredo Molano denominó apropiadamente como “colonización armada,” que ha marginado a pueblos indígenas enteros de sus territorios. Y que es el producto del desplazamiento forzado de vastas poblaciones sin tierra de los valles interandinos, donde la economía de la gran hacienda se venía consolidando desde la dominación colonial hispánica.
Estas masas campesinas sin acceso a la tierra solo han tenido como alternativa de supervivencia buscar ubicarse permanentemente en regiones selváticas en las que ya antes se habían asentado pueblos indígenas a su vez desalojados de sus nichos ancestrales en las estribaciones de las cordilleras, que ellos ya consideraban sus territorios propios.
La movilización por el acceso a la tierra ha sido constante y uno de los factores desencadenantes del conflicto no resuelto que marca la evolución de la sociedad colombiana y que, así como integra al campesinado a la lucha, de igual forma en tiempos cercanos crea condiciones para que los diferentes pueblos indígenas se asocien en modernas organizaciones en defensa de su territorio, su cultura y el ejercicio de la autonomía.
“En este escenario de guerra las poblaciones indígenas y sus organizaciones lograron generar un impacto significativo en la vida nacional, hecho que se expresa en el reconocimiento que la Constitución Política de 1991 les otorgó, al reconocerles la condición de sujetos de derecho en el plano colectivo, que también se proyecta en el ordenamiento territorial, en el cual el 28% del territorio aparece integrado en áreas de resguardo indígena, que a la vez son unidades político administrativas con relativa autonomía.”
Pese a todo ello hoy nuestras poblaciones nativas representan apenas un 5% de los 50 millones de habitantes que tiene el país, pero aún antes de la pandemia, sus niveles de pobreza alcanzaban el 63% o sea el triple del promedio nacional y la tasa global de violencia contra los indígenas en los períodos en que se ha medido es tres veces más alta que las tasas de violencia nacional.
Memoria Histórica registra que han sido objeto de una severa persecución violenta por parte del Estado, los terratenientes, los paramilitares, los narcotraficantes y, en un grado no pequeño, por la insurgencia. Y el desangre no se detiene.
