RAPONAZO VULGAR E ILEGAL

Lo primero que hay que decir es que el alcalde de Medellín Daniel Quintero, viene siendo sometido prácticamente desde su elección a una persecución sistemática por parte del gobierno y el establecimiento.

Para nadie es un secreto que el mandatario antioqueño se convirtió en la piedra en el zapato para el partido de gobierno del presidente Duque, para el uribismo, y por supuesto para muchos cacaos de Antioquia que ven en el joven dirigente una amenaza para sus intereses nefastos de seguir saqueando la riqueza de ese bello departamento.

La actitud y la obra de gobierno de Quintero, sin lugar a dudas les incomoda, al punto que aprovecharon la menor oportunidad para sacar toda la artillería de la politiquería y apuntar sobre el edificio de La Alpujarra, buscando como blanco al joven, pero preparado dirigente y excluirlo de su cargo, del cual salió ganador en unas elecciones donde el pueblo mayoritariamente decidió.

El último cartucho que les quedaba era la Procuraduría General de la Nación para tal fin, por eso, en una sorpresiva decisión la señora Cabello, en un escueto comunicado le dio a conocer al país semanas atrás la decisión del Ministerio Público.

Pero esa decisión, va en contravía de las medidas de la CIDH. Según prescripciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se puede ni sancionar, ni suspender funcionarios elegidos por elección popular por parte de órganos administrativos, sino exclusivamente por órganos judiciales. Fallo que se hizo a raíz de la demanda instaurada por el entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro, cuando fue destituido en tiempos del procurador Alejandro Ordoñez.

Igualmente, hay que manifestar que la decisión del gobierno nacional de encargar a un funcionario nacional de la línea del Centro Democrático, es también expresamente violatorio de normas y leyes en Colombia que, dicen que todo reemplazo o encargo tiene que hacerse de la misma línea política del funcionario, alcalde o gobernador que ha sido elegido.

Entonces, se trató de un raponazo grosero, ilegal, por parte de Duque y del uribismo, para darle gusto a los colegionarlos de ellos, de Antioquia que han tenido una fuerte confrontación con el joven Daniel Quintero que los venció en franca lid electoralmente y que en adelante llevó una serie de investigaciones por el aprovechamiento indebido de ciertos empresarios de Medellín y de Antioquia pertenecientes al Grupo Empresarial Antioqueño, que habían tenido a Hidroituango como una vaca lechera, de aprovechamiento indebido de contratos,  de gastos, que fue lo que más los puso en guardia para defender sus intereses particulares con el cuento de un tal “gobierno corporativo” de EPM que es absolutamente manejado por particulares interesados en coptar la empresa, la burocracia, el gasto y las inversiones de EPM y eso despertó la grave reacción y odio de contradictores especialmente del Centro Democrático y del uribismo en Antioquia.

Hay que reconocer que el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, rescata el derecho político de la corriente que ganó en franca lid la elección de alcalde de Medellín.

Ahora bien, a pesar de la decisión de la Sala Primera del alto tribunal antioqueño que ordena la suspensión del señor Juan Camilo Restrepo, como alcalde encargado,
 el gobierno nacional pegado de leguleyadas para incumplir el mandato constitucional y legal de nombrar un alcalde encargado del movimiento independiente en Medellín, está dilatando lo ordenado, a pesar de haber una providencia de por medio.

Con estas maniobras dilatorias lo que se demuestra es que Iván Duque, ha destruido la institucionalidad del país. No conoce la formas de la democracia y como lo dije en un artículo anterior, entrega el país en escombros morales y administrativos, nunca antes visto en la historia de Colombia, por fortuna en menos de tres meses ya se va.

Duque, una vez más viola la ley a través de su Ministro del Interior y pasa por encima de la decisión de un juez de la República.

Hoy la segunda ciudad más importante de Colombia requiere urgente estabilidad política, sus dirigentes legítimamente elegidos por el pueblo requieren garantías y que las organizaciones de la ciudad defiendan con vehemencia y abracen su legado de defensa del territorio, de sus intereses y por supuesto de sus derechos claramente violados por un órgano administrativo y un gobierno impositor que por fortuna ya va de salida.

Nuestra total solidaridad para el alcalde Daniel Quintero Calle, para su esposa, que ha visto también la persecución de algunos sectores que se han ensañado hasta con sus pequeñas hijas en un acto irracional, salvaje y antisocial, también nuestra solidaridad para su equipo de trabajo y por supuesto para los más de 300 mil medellinenses que depositaron su confianza en su propuesta de gobierno que hoy fue asaltada por una Procuraduría parcializada y un Gobierno perseguidor.