El mega escándalo producido por las declaraciones en Venezuela de Aida Merlano, que ha tenido trascendencia nacional e internacional, realmente tiene que llamarnos a varias reflexiones. La primera, es que, por supuesto no se trata de soslayar de ninguna manera que se trata de una prófuga condenada por la justicia colombiana con todos los alcances y consideraciones que eso tiene, de ninguna manera se trata de convertirla en una pregonera de justicia.
Ella, cometió delitos y según se conoce los aceptó, lo que no está bien por parte de la institucionalidad colombiana, por parte de sectores políticos y menos de un Presidente de la República o la Fiscalía General, es de descalificar de plano ese testimonio y tampoco manifestar de manera grosera que se trata de alguien enajenado mental, eso es absolutamente indebido, pero también muestra una grave equivocación de las autoridades colombianas, de tratar de tapar con la descalificación.
Con mayor razón si hay testimonios de mencionados por Aida Merlano, como miembros de los clanes en la Costa Atlántica que promueven la compra venta de votos, y uno de los miembros de esos clanes como lo es Roberto Gerleín, manifestó, hace algunos meses cuando se produjo el escándalo en la “Casa Blanca” de Barranquilla el día de la compra venta de votos para las elecciones parlamentarias de marzo de 2018, en entrevista con la periodista Vicky Dávila, (Ver entrevista), aceptó que eso era un hecho real, evidente, incontrastable que en la Costa Atlántica había compra venta de votos y se refería al departamento del Atlántico y especialmente Barranquilla. Además de esto, existen estudios de institutos y de organizaciones dedicadas a la investigación social, política y electoral que manifiestan que evidentemente en esa región del país, más del 60% de los votos emitidos son fruto de la compra venta entre políticos y electores y a nivel nacional se cree que más del 40%, por supuesto en unas regiones más que en otras.
Otro hecho es la evidencia pública en todas las regiones que definitivamente los capitales desbordados intervienen en política tanto en elecciones al Congreso como en los comicios locales y regionales.
La mafia en Colombia no solamente está presente en los temas de narcotráfico, en la minería ilegal, en el contrabando, sino también ha direccionado sus recursos a financiar campañas políticas para capturar al Estado, tanto nacional, como regional y local y por supuesto también los contratistas del PAE, los contratistas de los medicamentos y otra serie de empresarios y funcionarios inescrupulosos.
Esta circunstancia, que es evidente, que es de conocimiento público, que es una verdad sabida, hace necesario, que no solamente nos quedemos en las investigaciones que se abran, que se profundicen, sino que debemos hacer una propuesta de una profunda reforma legal y constitucional política y electoral, que modifique el sistema político y el sistema electoral, con propuestas que no son nuevas y que ya hemos discutido por mucho tiempo, pero que no se han logrado porque ha habido negativa en el Congreso de la República.
Ahora, ante esta circunstancia, pero además por la reclamación generalizada de la ciudadanía colombiana que se ha movilizado desde el 21 de noviembre, en defensa de los derechos fundamentales de la vida, de los líderes sociales, también de los desmovilizados, y también en contra de una reforma inconveniente prestacional y laboral y, por otra serie de planteamientos como lo es la aplicación del proceso de paz, pero también en demanda de las reformas políticas y sociales en Colombia, por esas y otras circunstancias se amerita que los partidos políticos y el Congreso de la República apruebe esa reforma. Con los temas que ya se han discutido durante muchas ocasiones que no son otros que las listas cerradas para las elecciones de Congreso de la República y, para corporaciones públicas, esta es una absoluta necesidad para que no ingresen los dineros desmedidos.
El otro punto, es el relacionado con el voto electrónico para que se contabilice en tiempo real el voto depositado por el ciudadano y que no continúen las votaciones después de las 4 de la tarde el domingo electoral.
También es necesario instaurar el voto obligatorio por dos o tres períodos para que la ciudadanía apática intervenga, para que esa ciudadanía crítica sea mayoritaria.
Y por último, la financiación estatal de las campañas políticas en Colombia, esta y otras iniciativas están abiertas para el debate. Si no se reforma el sistema político y electoral, continuaremos con la compra venta de votos, pero sobre todo con la corrupción y la captura del Estado colombiano y por supuesto, habrá un estado fallido, una democracia precaria, una democracia limitada formal, no real y también un servicio público ineficiente, un servicio público que genera más pobreza que la que hoy tiene el país, que genera la falta de respuestas y de resultados a las expectativas ciudadanas.
