Colombia debe mantenerse a rajatabla en el compromiso asumido por el Grupo de Lima en Ottawa en el sentido de “no considerar la opción militar para forzar la salida de Nicolás Maduro de la Presidencia de Venezuela.” Debe igualmente seguir apoyando, como lo ha venido haciendo hasta ahora, un proceso de transición pacífica a través de medios políticos y diplomáticos sin el uso de fuerza y evitar dejarse enredar en los juegos de guerra impulsados por el presidente Trump y su séquito de halcones.
El principio de no intervención incorporado en la Carta de la ONU en el caso de Venezuela ha cedido el paso al de intervención humanitaria con el consenso explícito de las más caracterizadas democracias occidentales y con fundamento en la urgencia de proteger los derechos humanos de millones de venezolanos impactados por un régimen que llevó la economía del país al colapso y a una crisis de hiperinflación que el gobierno se niega a reconocer y que resulta imposible de controlar dentro de los parámetros de su actual manejo.
Puede que la caída de Nícolás Maduro no sea inmediata, pero como ya lo han reconocido algunos voceros del Kremlin, el tiempo no juega a favor de su permanencia en el cargo. El ánimo de los seguidores que le quedan no va a resistir por mucho tiempo el desafío planteado por la oposición en términos de obligarlo a permitir el paso de la ayuda humanitaria con destino a personas que están padeciendo hambre y que no tienen ninguna posibilidad de acceso a medicamentos destinados a salvarles la vida ni a los productos básicos de primera necesidad.
Todavía cuenta con el apoyo del Ejército y con el respaldo de un sector de la población cada vez más pequeño. Pero por primera vez desde que Hugo Chavez en 1999 llegó al poder y arrancó el experimento fallido del socialismo del siglo XXI tanto la oposición como la comunidad internacional han logrado alinearse y actuar de consuno y con unos objetivos precisos.
La crisis de desabastecimiento alcanza niveles catastróficos, ningún organismo multilateral está dispuesto a destinar un céntimo para contribuir a salvar un régimen corrupto sindicado de narcotraficar, de alimentar relaciones con el terrorismo islámico y de mantener en su territorio al Ejército de Liberación Nacional.
Rusia y China le han otorgado a Maduro préstamos que ascienden a 40.000 millones de dólares. La factura la están cobrando en barriles de crudo cuya producción se reduce cada día porque PDVSA está técnicamente en quiebra y postrada por la ausencia de inversión y la obsolescencia tecnológica. Aunque durante los gobiernos de Chaves y Maduro se hayan gastado 300 millones de dólares en una industria que de tres millones de barriles diarios pasó a producir menos de un millón.
Ya los acreedores se han visto obligados a reestructurar los créditos que están cobrando en barriles de crudo y no se muestran abiertos a inyectar recursos frescos a una economía que se precipita hacia el abismo.
Es improbable que Rusia envíe tropas al patio trasero de los Estados Unidos en el marco de una geopolítica que se parece un poco pero que no es precísamente la de la guerra fría, para apuntalar un régimen que se derrumba y al que se le cierran todas las opciones.
Y la prudente China que ha penetrado al Continente por la vía de las grandes y sostenidas inversiones se limita a advertir sobre el posible “sufrimiento” que podría causar una medida de fuerza contra el régimen de Nicolás Maduro, que nadie en sus cabales debería estar siquiera barruntando en tomar.
Turquía, Irán y Hesbollah, los otros partidarios de Maduro, carecen de músculo financiero para acudir en auxilio del régimen que se desmorona.
Estados Unidos es el único país que venía cancelando en efectivo sus importaciones de crudo venezolano. Y ha puesto tales pagos a disposición del Presidente interino Juan Guaidó, quien, asesorado y reconocido por los Estados Unidos, la oposición interna, más de 60 países y la casi totalidad de las cancillerías latinoamericanas está jugando un juego fresco y renovador en el marco de las instituciones para recuperarlas y arrebatarle a Maduro cualquier asomo de legitimidad con la Constitución en la mano.
Sin los recursos provenientes de las exportaciones de crudo que representan el 90% de los ingresos del Estado venezolano el régimen no tiene manera de sostener la estructura clientelar que le ha permitido aferrarse a las palancas del mando aún en circunstancias cada vez más precarias.
El presidente de la Asamblea Juan Guaidó asumió el cargo de Presidente interino, no porque se autoproclamó a voluntad sino porque así lo dispone el art, 233 de la Constitución venezolana ante la falta absoluta del presidente, cuya reelección no fue reconocida ni por las mayorías de su propia Nación ni por la Comunidad Internacional.
Inmediatamente presentó a la opinión el Plan País sobre tres ejes fundamentales: “Reponer el Estado y ponerlo al servicio de la gente, empoderar a los venezolanos y reinsertar al país en el concierto de las naciones libres.
Su objetivo primordial es desalojar a Maduro y convocar unas elecciones en las cuales la ciudadanía venezolana pueda expresar libremente su voluntad y determinar el destino de la nación contando con la participación de los remanentes sociales del chavismo, a los cuales reconoce sus legítimos derechos y aspiraciones.
En materia económica el objetivo del plan es “abatir la hiperinflación, implantar una reforma fiscal, acabar con la emisión de dinero inorgánico y sustituirlo por financiamiento de los organismos multilaterales para invertir en la estabilidad macroeconómica de Venezuela.”
En el área petrolera, se prevé aumentar la producción al millón de barriles diarios ofreciendo garantía jurídica a las empresas que inviertan en la industria.
Seguramente se requerirá un mediador creíble, no para que ayude a prolongar el tiempo de Maduro sino para que establezca los términos de la transición en el marco de la mayor serenidad y sin derramamiento de sangre.
