El informe sobre corrupción en Colombia elaborado por su unidad investigativa y publicado por El Tiempo produce escalofríos.
Las cifras son apabullantes. Los colombianos todos dejamos de percibir entre bienes y servicios que debería prestarnos el Estado $50.000 millones cada año. Suma que va a engrosar los bolsillos de funcionarios públicos venales, políticos corruptos, contratistas, auditores, concejales, interventores, contralores y toda laya de autoridades incrustadas en los poderes públicos: Se trata de un “sistema” que los conecta a todos y que funciona a la perfección desde hace varias décadas y cuya misión es la de capturar de manera ilícita los recursos públicos para su propio beneficio y el éxito de sus empresas políticas a lo largo y ancho de la geografía nacional.
No se queda atrás el sector privado. 60.000 millones de pesos al año se calcula que valen anualmente “la cartelización, los fraudes contables, el robo del IVA y el desvío de las contribuciones a la seguridad social” cuya autoría recae sobre el conglomerado empresarial.
Según el informe global de fraude y riesgo de Kroll el ciento por ciento de los empresarios encuestados cree que su exposición al fraude ha aumentado. Percepción corroborada por el hecho de que el 95% de ellos manifiesta que ha tenido ya incidentes de tal naturaleza por conflictos de interés en la administración, robo de activos físicos o de acciones y dolo relacionado con proveedores y adquisiciones.
Si en el nivel central la corrupción campea en las regiones arrasa.
Un puñado de mallas empresariales creadas exclusivamente para este propósito se queda prácticamente con la totalidad de la contratación.
La Auditoría General de la Nación, después de someter a revisión los 20 billones de pesos que Alcaldías y Gobernaciones contrataron entre 2014 y comienzos de 2016, concluyó que: “8,1 billones fueron atrapados en 78 mallas empresariales y que uno solo de tales grupos recibió el 80 por ciento del dinero de los contratos, suma equivalente a 6,3 billones de pesos.”
Por su parte Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, afirma con base en estudios incuestionables,” que en 2015 el 65 por ciento de la contratación de los municipios y el 35 por ciento de la de los departamentos se hizo mediante pliegos amañados o hechos ‘a la medida’ para beneficiar a un único proponente.”
Prácticamente ningún sector ni actividad de la vida del país escapa al influjo perverso de los ladrones de cuello blanco que pululan en todos los ámbitos. Para comprobarlo basta relacionar casos emblemáticos: Interbolsa, Foncolpuertos, la Refinería de Cartagena, Odebrecht, Dirección Nacional de Estupefacientes, Saludcoop, el Carrusel de la contratación en Bogotá, Fidupetrol, Cafesalud.
Aunque la corrupción siempre ha existido en mayor o menor medida los analistas coinciden en atribuir la exacerbación del fenómeno aquí principalmente a ciertos hechos detonantes fácilmente identificables: la elección popular de alcaldes y gobernadores, las regalías generadas por el petróleo y la creación de la circunscripción nacional para el Senado.
Entre 1992 y 2014 más de la mitad de los gobernadores fueron sancionados y en alta proporción encarcelados. Se cuentan por cientos los alcaldes destituidos y apresados durante el mismo período.
En materia de regalías el 50% de los proyectos aprobados fueron objeto de saqueo por sus propios ejecutores y terminaron convertidos en obras inconclusas o elefantes blancos y casi nada se invirtió en educación, salud, aguas, ciencia y tecnología.
Y la circunscripción nacional para el Senado encareció las campañas hasta el punto que una elección puede costar 50 mil millones de pesos.
La salud, gracias a los multimillonarios recursos disponibles a partir de la Ley 100, a través de hospitales y EPS, se ha convertido en botín a disposición de los políticos pillos.
No es la corrupción generalizada una embestida fácil ni simple de afrontar. Se trata de un fenómeno complejo que tiene asiento y florece en una sociedad como la nuestra, permisiva y signada por la cultura del dinero fácil y el éxito económico a cualquier costo. Parte de esquemas educativos globalmente aplicados que hacen trabajadores competitivos, pero no forman ciudadanos responsables con valores éticos, sentido de la solidaridad y apego a la democracia.
No basta, pero es indispensable avanzar en la Financiación pública de las campañas y la fijación de topes que no se puedan birlar, la reforma del régimen electoral y de contratación, el combate a la informalidad y la mejora de la eficiencia gubernamental, el restablecimiento del control previo de la Contraloría General y la eliminación de las contralorías locales. Que los condenados paguen pena en la cárcel y no al abrigo de sus propias casas y que devuelvan las sumas de las cuales ilícitamente se apropiaron.
