En Colombia estamos preocupados por recuperar la actividad petrolera: volver a producir un millón de barriles diarios y tener por lo menos 120 exploraciones anuales para encontrar más crudo.
Pero nos olvidamos de pensar en desarrollar proyectos alternativos que reemplacen los aportes macroeconómicos del petróleo, un sector que tiene gran impacto en las finanzas públicas y privadas del país, pero que también le genera un daño irreparable al entorno ambiental y degrada la condición humana de quienes viven alrededor de los campos que están siendo explotados.
La evidencia indica que la industria petrolera colombiana no ha sido bien aprovechada por los gobiernos en los momentos en que se han presentado las grandes bonanzas, que dejaban alrededor de 20 billones de pesos anuales en utilidades, además de impuestos y regalías. Lo que se captó se dilapidó.
En vez de jalonar grandes proyectos de desarrollo con la plata proveniente del petróleo, especialmente aquellos relacionados con la apertura de nuevos espacios productivos, lo que ha ocurrido en realidad es una disminución sustancial de la calidad de vida de las familias que habitan las regiones donde se realizan las explotaciones.
Las manifestaciones cada vez más frecuentes contra la industria extractiva en Colombia, que se materializan en los resultados de las consultas ciudadanas y en decisiones políticas de alcaldes y concejales, se constituyen en un mensaje contundente al gobierno nacional, que no tiene respuestas para la coyuntura, ni alternativas sostenibles de largo plazo para garantizar la salud de las finanzas públicas.
Lo que sí han surgido son argucias jurídicas para invalidar el querer ciudadano, como las manifestadas por el Ministro de Minas, por altos funcionarios del gobierno nacional y por voceros de los sectores que representan la industria petrolera.
Mientras en Colombia nos apegamos al petróleo como nuestra alternativa para solucionar los problemas de la economía, otros países ya están dando pasos certeros para potenciar nuevos sectores, apelando mucho más a la investigación, la ciencia y la tecnología.
El caso de Francia sirve de ejemplo. Su apuesta es que las energías limpias y renovables tengan en 2030 un peso del 32% en su esquema energético, que se complementa con la determinación de prohibir todo nuevo proyecto extractivo de petróleo, gas y carbón y agotarán sus reservas antes de 2040. A esto se suma que en 2022 no producirán más energía eléctrica con base en carbón y que en 23 años dejará de vender carros movidos por gasolina y diésel.
Otro ejemplo es Costa Rica, que lidera con Suecia la estrategia mundial de Neutralidad de Carbono, y ha logrado que sus finanzas públicas estén sustentadas en gran parte en los ingresos por servicios ambientales, además de poner en marcha proyectos productivos de categoría mundial no relacionados con energías contaminantes, lo que ha atraído gran cantidad de inversión extranjera.
