Como si fuera poco con la cascada de nuevos impuestos que se ven venir con la Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria del gobierno Duque, ahora se pretende, desde otro frente, desde el Plan Nacional de Desarrollo, cercenar varias conquistas sociales logradas por las gentes de nuestro sur del país y por los campesinos del Macizo Colombiano.
En el documento de bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 del actual gobierno, denominado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, en su página 541, capítulo Pacto por la Calidad y la Eficiencia de Servicios Públicos, el gobierno nacional manifiesta que en los próximos cuatro años revisará todo lo relacionado a los subsidios a los combustibles líquidos en Colombia.
También los costos que asume el Estado colombiano en materia de transporte de los combustibles líquidos y también, de manera grave, una conquista de los departamentos del Sur de Colombia, especialmente, los departamentos del Macizo Colombiano que, están en el programa de sustitución de leña y el carbón con gas GLP; para prevenir la grave deforestación de los cinco departamentos como Nariño, Cauca, Caquetá, Putumayo y próximamente sur del Huila.
Ante esta grave amenaza y riesgo de las conquistas sociales por pertenecer a zonas de frontera de los departamentos en nuestro país, como Nariño, Putumayo, Amazonas, Arauca, La Guajira, Cesar, y Norte de Santander, tenemos que unir esfuerzos para evitar que se eche para atrás lo ya logrado con tanto esfuerzo.
Por eso, desde ya prendemos las alarmas y hacemos el anuncio para que los movimientos sociales, los movimientos comunitarios, las autoridades regionales y locales nos movilicemos y denunciemos esta grave afectación que va contra la lucha comunitaria de muchos años.
Importantes conquistas sociales han representado el subsidio al gas GLP, el precio especial de frontera a los combustibles, y la compensación de transporte de los combustibles a las zonas fronterizas, por lo tanto, desde nuestra curul, desde el Senado de la República, hoy estamos denunciando ante el país y haciéndole un llamado al gobierno a que retire esta propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, la de revisar los subsidios del GLP y de los combustibles en las zonas fronterizas.
No podemos aceptar que echen para atrás estas importantes conquistas de la gente de las fronteras, de las gentes del Sur de Colombia y de los campesinos del Macizo Colombiano.
No podemos permitir tampoco que se le quite ese derecho, del subsidio al gas GLP, al cilindro de gas que, hoy tienen más de 342 mil familias de estratos 1 y 2 de los departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá y Putumayo.
¿Será que el gobierno nacional quiere que la tala de bosques y la deforestación a gran escala vuelva a aparecer en el Macizo Colombiano, a ese gran territorio donde está el recurso hídrico que aporta el 70% del agua dulce que consumimos los colombianos?, ¿será que prefieren que las enfermedades respiratorias reaparezcan en las familias campesinas y principalmente en las amas de casa prácticamente obligándolas a cocinar con leña y carbón, en medio del humo durante días enteros?
Ya estudios muy serios han venido haciendo un seguimiento estricto desde el año 2013, fecha en la que se empezaron a aplicar los subsidios al GLP en el sur del país, y los resultados más que positivos para nuestro medio ambiente y para la salud de las familias campesinas arrojan cifras bastantes alentadoras al respecto.
Por ejemplo, tan sólo en el año 2017, se deforestaron en Colombia 220 mil hectáreas, algo realmente muy grave, que está acabando con vastas zonas de bosques, sobre todo de la Orinoquía y Amazonía.
En contraste con esto y desde la perspectiva ambiental, se ha demostrado que los subsidios al gas en cilindro, han contribuido a reducir la deforestación en el sur de Colombia, donde el uso de leña pasó de un 25% a 1,14% evidenciándose una reducción significativa, entre tanto el uso de carbón pasó del 4% al 0,04%, algo extraordinario, sobre todo si se tiene en cuenta que beneficia directamente la salud de los usuarios beneficiarios del GLP y por supuesto a la contribución de la protección ambiental.
Todo esto demuestra que la gente más pobre de nuestros centros urbanos y rurales del sur del país, necesitan que el Estado les ayude a mejorar sus condiciones de vida, permitiendo que sigan accediendo a un combustible amigable con el Medio Ambiente que permita seguir reemplazando el uso de leña y carbón en la principal fábrica de agua dulce de nuestro país.
