Aunque constitucional, justa y equitativa la decisión de la Cámara de Representantes de sepultar el referendo de los “pastores” Vivian Morales y Carlos Alonso Lucio, no deja de resultar inquietante que doce miembros de la Comisión hayan votado a favor de que las diferencias de opinión entre los colombianos se diriman con la Biblia en la mano y no a la luz de los preceptos de la Carta constitucional aprobada en 1991.
Mantener la neta separación entre todas las religiones y el Estado que ha devenido laico y no confesional es una conquista civil a la cual los colombianos no podemos renunciar. Ni permitir, como lo pretendían los autores de tan regresiva iniciativa, abusar de los prejuicios homofóbicos de las mayorías, para discriminar a la colectividad LGBTI.
El referendo se hundió porque en un arranque de fanatismo francamente demencial sus impulsores intentaron también cortar de tajo la posibilidad de que personas solteras o viudas mantuvieran su capacidad de adoptar.
Seguramente, otro sería el resultado, si la prohibición hubiera quedado circunscrita a las parejas del mismo sexo o individualmente a integrantes de la comunidad gay a quienes la Constitución y la jurisprudencia de la Corte les vienen garantizando el ejercicio igualitario de sus derechos, contra el querer de algunas iglesias cristianas emergentes, la iglesia católica y sectores políticos oscurantistas bien determinados, que arrogándose la prerrogativa de ser dueños únicos de la verdad y, prevalidos de un tan peligroso como injustificado sentimiento de superioridad moral, preferirían arrojarlos al infierno y negarles hasta el reconocimiento de su condición inalienable de seres humanos.
No cabe duda de que en amplios sectores de la población colombiana son todavía muy altos los niveles de homofobia que se expresan en acciones de discriminación, acoso y exclusión contra el conglomerado LGBTI.
Pero aun aceptando estas perversidades que estamos encaminados a superar, es de lamentar que se haya desperdiciado tanta energía y tiempo en el embeleco de recoger millones de votos para poner en pie un referendo contra la adopción igualitaria destinado a fracasar porque iba en contravía de:
– El artículo 44 de nuestra Carta Fundamental que ampara el derecho del niño a tener una familia y a no ser separado de ella, sin exigir que esta deba ser heterosexual, desconociendo así la realidad social del país y del mundo, donde múltiples formas de familia ahora mismo conviven.
– El principio de pluralismo, la cláusula de igualdad y el hecho de que en nuestro modelo constitucional “las decisiones mayoritarias no pueden desconocer derechos de las minorías”.
– Las obligaciones internacionales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Escenarios en los cuales se da protección efectiva, plenamente vinculante para nuestras instituciones, a las personas con orientación sexual diversa.
Pero, sobre todo resulta patética la controversia cuando las cifras indican que tres niños son asesinados cada día en Colombia y que casos tan horrendos como los de Sarita y Yuliana Samboní, no cesan de repetirse.
A pesar de que actualmente las personas, solteras viudas o separadas están en capacidad de adoptar, miles de niños esperan que alguien les ofrezca acogida aunque un gran número de ellos se quedan de por vida en los hogares de protección.
A los extranjeros solo les está permitido adoptar niños con características especiales y los colombianos únicamente se inclinan por los recién nacidos perfectamente sanos.
Por ello, en vez de estar inventando familias perfectas con base en creencias religiosas deleznables, y afirmaciones sin asidero en la realidad sociológica, tanto los promotores del naufragado referendo como el resto de los colombianos, deberíamos estar haciendo un examen de conciencia a fondo sobre el hecho aberrante de que tan solo en 2016 fueron víctimas de violencia sexual 17.908 de nuestros niños niñas y adolescentes, en el seno de sus hogares, siendo sus victimarios casi siempre personas del entorno familiar más cercano.
Esa sí que es una catástrofe ética, social y de valores mayúscula que debería estremecernos con la fuerza de un sismo.
¿Qué está pasando en las familias, en su gran mayoría heterosexuales, para que semejante infamia pueda tener cabida? ¿A qué grado de descomposición han llegado nuestra sociedad y su núcleo primario para entronizar en las relaciones con los más pequeños semejante ignominia?
