Con las elecciones presidenciales a menos de un año es imposible no preguntarse cuál será la suerte del proceso de paz con el nuevo gobierno. Al día de hoy hay 30 comités de grupos significativos de ciudadanos que promueven la inscripción por firmas de igual número de candidatos a la presidencia de la república, sin contar aquellos candidatos que sean avalados por el partido Liberal, el Centro Democrático y la eventual alianza entre Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Enrique Robledo.
Legalmente Santos no puede tomar partido en la elección de su sucesor y debe ser neutral. No obstante, por debajo de la mesa, su apoyo implícito es un activo que debe atesorarse: la política no se hace con amor sino con plata o puestos, y el presidente tiene a su disposición todo el aparato burocrático del Estado para ponerlo al servicio de su elegido. No es lo correcto, pero lamentablemente así funciona. Basta recordar como Uribe, siendo presidente, inclinó la balanza a favor de Santos y ello le valió la victoria ante Antanas Mockus.
Al revisar la extensa lista de precandidatos presidenciales, se pueden encontrar algunos que hasta hace poco fueron escuderos del gobierno y que, podría pensarse, serían la elección lógica de Santos en aras de consolidar su proyecto político y la transición efectiva al postconflicto: Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo o Frank Pearl, por ejemplo. ¿Podrá Santos resistir la tentación de intervenir en las elecciones estando la paz, su mayor legado, en juego? De inclinarse, ¿por quién optaría? Pareciese ser una encrucijada del alma. No obstante, los hechos parecen indicar que la elección ya está hecha y existe un ungido.
Pese al aparente distanciamiento entre Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras por la falta de apoyo de éste al proceso de paz y la negativa de Cambio Radical, su plataforma política, a votar favorablemente en el Congreso los proyectos de ley para la implementación de los acuerdos de paz suscritos en La Habana, la realidad se aleja de las apariencias. Contrario a una enemistad, en los últimos meses el presidente ha ordenado y/o avalado el nombramiento de múltiples alfiles de Vargas Lleras en la dirección de varias de las entidades más importantes del Estado, entre las cuales podemos encontrar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Notariado y Registro. Por no mencionar la Fiscalía General de la Nación, a la cual Santos ternó a Néstor Humberto Martínez, “Vargasllerista” de pura sangre. Más recientemente se eligió, con el beneplácito del gobierno, a Rodrigo Lara Restrepo, congresista de Cambio Radical, como presidente de la Cámara de Representantes. Estas dos últimas son decisiones que han resultado costosas para Santos.
Mientras las Farc ya cumplieron desmovilizándose y entregando las armas, el gobierno no puede decir lo mismo. Faltando poco más de dos meses para que se termine la actual legislatura, el Congreso está parcialmente paralizado en todo lo relativo a la aprobación de las leyes necesarias para la implementación de los acuerdos de paz. En una “rebelión” coordinada por el presidente de la Cámara y el Fiscal General, se ha hecho todo lo posible para dilatar y torpedear el avance de la agenda legislativa advirtiendo, en forma descontextualizada, irracional y desmedida, la supuesta existencia de amenazas fatales para el futuro del país en cada coma de lo acordado.
El presidente Santos, con el sol a sus espaladas y la dificultad de alinear a sus fuerzas políticas, en un hecho sin precedentes en la historia del país, no tuvo más opción que amenazar a todos los partidos políticos con la exclusión de la participación burocrática en su gobierno si no votaban favorablemente los proyectos de ley para la paz. Sin importar las advertencias, Cambio Radical ha hecho de cuenta que el tema no es con ellos y se siguen ausentando de las votaciones. Nuestros principios no son negociables, afirma enfáticamente Jorge Enrique Vélez, director de esa colectividad. Cuando le preguntan a Vélez las razones por las cuales no renuncian a sus cuotas burocráticas, sostiene que eso es una decisión que corresponde al presidente de la república y que ellos son respetuosos de su fuero. Muy conveniente aunque carente de sindéresis.
Platón, en su obra La República, esbozó los lineamientos del principio de “no contradicción”, según el cual, en palabras sencillas, una cosa no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Si realmente la relación entre Santos y Vargas estuviese tan deteriorada ad portas de la campaña presidencial, ¿Por qué “endulzar al enemigo”? ¿Qué motiva al gobierno a fortalecer la maquinaria burocrática de Cambio Radical? ¿Será Santos indolente a lo que ocurra con la suerte de su legado político? Consiente del daño que podría hacerle a la imagen del candidato su cercanía con un presidente tan desprestigiado, ¿habrá un acuerdo oculto entre Santos y Vargas Lleras para una transición de gobierno? ¿Se estará dando Santos un “tiro en el pie” y no se habrá percatado aun de ello? Muchas preguntas que pronto encontrarán respuesta.
Los “tiros en el pie” suelen darse por 2 motivos, o por prisa o por estupidez. Santos no suele caracterizarse ni por lo uno ni por lo otro, logrando incluso “engañar” a alguien tan astuto como Alvaro Uribe. Dicen quienes lo conocen que es un ajedrecista que sabe mover muy bien sus fichas. Amanecerá y veremos.
