La reforma política presentada al Congreso de la República por el Ministro del Interior da la impresión de estar desconectada de la realidad nacional en una coyuntura de polarización acuciante que vive el país y frente al escándalo de Odebrecht, que ha sacado a la luz pública y expuesto la gravedad del fenómeno de corrupción generalizada que desde hace varias décadas consume nuestro erario público.
Aunque sean falsas las incriminaciones a la campaña de Santos presidente de haber recibido aportes para financiarla de la constructora brasilera, la forma irresponsable y ligera, sin la más elemental previa crítica del testimonio, como fue lanzada la noticia a los cuatro vientos por el Fiscal General, produjo sacudimientos telúricos cuyas réplicas dentro del país y en el exterior todavía no han cesado.
No se ve de qué manera algunos cambios que el gobierno intenta promover apunten verdaderamente a que como se pactó en el Acuerdo de paz suscrito con las FARC haya «una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política”
Se trata de un compromiso de gran alcance y hondo contenido que no recibirá impacto significativo de iniciativas, por decir lo menos inocuas, como resultan las de reducir la edad de votar de 18 a 16 años, implementar el voto obligatorio por dos periodos o eliminar la incómoda figura del vicepresidente.
En contraste, sí es interesante la reimplantación de listas cerradas al Congreso y la financiación de las campañas políticas por parte del Estado. Cada partido lanzará una lista de candidatos numerados y el elector deberá votar por el partido y no por ninguna persona en especial.
También es significativa y digna de apoyar la pretensión de modificar la circunscripción electoral del Senado para garantizar una mayor representación de regiones y colectividades políticas que actualmente carecen de ellas.
El aumento a 5 años de los periodos presidenciales del Presidente de la República, los gobernadores y alcaldes, el Fiscal General de la Nación, el Contralor, el Procurador y el Defensor del Pueblo, eliminando para todos ellos la posibilidad de reelección, seguramente será de buen recibo tanto en el Congreso como en la opinión.
También es importante y amplía significativamente los espacios de participación democrática crear una iniciativa para que los ciudadanos puedan proponer leyes y darle vida al fin al estatuto de oposición, mecanismo estipulado en la Constitución de 1991, que todavía no se ha institucionalizado.
Pero la responsabilidad de las autoridades es gobernar bien, en forma honesta, eficiente y con vocación de servicio y para la defensa de los intereses generales. Eso es lo que el país reclama a gritos y que no parece garantizar por sí misma la reforma que se tramita.
