Aunque la Comisión del Gasto público, creada a través de la más reciente reforma tributaria deberá ocuparse del gasto público del Gobierno central, en sus recomendaciones deberá tener en cuenta que entre las finanzas de la Nación y las finanzas territoriales existe dos vasos comunicantes, que son el Sistema General de Participaciones (SGP) y el Sistema General de Regalías (SGR).
LA ENCRUCIJADA DEL SGP
En cuanto al SGP, debemos recordar que después de haber sido establecido por la Constituyente de 1991, tuvo dos reformas. El año anterior llego a su fin el régimen transitorio establecido en este último, sin que el Gobierno nacional y el Congreso de inmutaran, lo cual se tradujo en que nos retrotrajéramos a lo previsto en el A.L 01 de 2001. Es decir que los recursos del SGP crecerán a partir de este año teniendo como referencia el crecimiento de los ingresos corrientes de la Nación (ICN) en los cuatro años anteriores. El prolongado paro de los maestros tuvo como almendrón precisamente al SGP, que ha visto menguados sus recursos, que tienen como destinación específica la salud, la educación y el saneamiento básico. El paro se levantó con el compromiso por parte del Gobierno Nacional de concertar los términos de lo que será el ajuste hacia el futuro del SGP, lo cual habrá de impactar el gasto público del Gobierno central y por ello deberá estar en el radar de la Comisión del gasto público.
Al respecto debo añadir que, además del déficit fiscal del Gobierno central, que el año pasado fue de 4% y la meta para este año es del 3.6%, existe un déficit oculto. Me refiero al hecho de que en los últimos años se ha venido dando lo que yo he denominado una descentralización disfuncional, consistente en que se le han venido trasladando funciones y competencias que son del resorte del Gobierno central a las entidades territoriales, pero sin recursos para cubrirlas. Y, algo muy importante, el déficit fiscal sigue siendo el talón de Aquiles de la economía Colombiana. Después de conocer y evaluar las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) presentado el mes pasado por parte del Ministerio de Hacienda al Congreso de la República, particularmente en lo atinente a la senda del déficit fiscal, la calificadora de riesgo Stándard and Poor´s acaba de poner la perspectiva económica del país en negativo. Por su parte otra calificadora, en este caso Fitch Ratings, después que le había devuelto la perspectiva estable a la nota del país, merced a la aprobación de la reforma tributaria a finales del año anterior, amenazó con volver a imponerle la perspectiva negativa en su calificación crediticia si no corrige el déficit fiscal, que se resiste a ceder.
LA DESCENTRALIZACIÓN DISFUNCIONAL
A guisa de ejemplo de las funciones y competencias delegadas a las entidades territoriales por parte de la Nación, pero sin plata, relacionemos los casos más relevantes, a saber: la gestión del riesgo, la puesta en marcha de la Ley de Victimas, gestión ambiental de las cuencas de los ríos, responsabilidad penal adolescente y en general políticas de infancia y adolescencia, atención a desplazados y al adulto mayor, salud (atención a la población no asegurada en el sistema de salud, unificación de planes obligatorios de salud y cubrimiento de pagos no POS de regímenes subsidiado y contributivo), programas de la mujer, Delegación minera en la verificación efectiva de las concesiones mineras, conservación del patrimonio cultural y la creación de cuerpos de bomberos. Pero el caso más patético y que se ha convertido en una bomba de tiempo es el del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Va a llegar el momento en que esa carga de le va a volver insostenible a las entidades territoriales, por el desfinanciamiento de dichos programas y ante la eventualidad de que se puedan paralizar vendrán las presiones de diferente índole y le va a tocar reasumirlos al Gobierno Nacional. Ello, también, deberá ser tenido en cuenta por parte de la Comisión del Gasto Público, máxime cuando las responsabilidades de los departamentos y los municipios serán mayores de cara al postconflicto, pues la paz es territorial, de ello no cabe duda.
EL SGR Y SUS AFUGIAS
Ahora hablemos del SGR. Como es bien sabido, el régimen de las regalías fue modificado mediante el A.L 05 de 2011, que creó el SGR. Esta reforma golpeó severamente los ingresos propios de los departamentos y municipios productores, que pasaron de recibir en promedio el 74% de la totalidad de las regalías, a recibir solo el 10%. Se adujeron razones de equidad, para esparcir la “mermelada” (es decir las regalías), término este que hoy tiene una connotación peyorativa, en toda la “tostada” nacional. En su momento, en la exposición de motivos, se partió de la base de que el largo ciclo de precios altos de los commodities (petróleo, carbón, metales preciosos, entre otros) entre 2003 y 2011 se prolongaría otros años más. Por eso, según la proyección del Ministerio de Hacienda, a cargo de Juan Carlos Echeverri, después de haber recibido $46.6 billones entre los años 2000 y 2011, se pasaría a recibir más del doble ($94.8 billones). Así las cosas, se atenuaría el impacto en los ingresos de las regiones productoras, porque ese menor porcentaje se aplicaría sobre un monto de recursos mucho mayor. Al Gobierno y al Congreso se le terminó yendo la mano en desmedro de ellas.
Pero, como lo dice Marroquín en La perrilla, «es flaca sobre manera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera«. Y así sucedió, justamente el año 2011 fue el punto de inflexión de la escalada alcista de los precios de los commodities, estos se desplomaron y pasamos, sin vísperas, de las vacas gordas a las vacas flacas. Este hecho acentuó el impacto de la reforma de marras en las finanzas territoriales, lo cual sirvió de detonante a la gran conflictividad social en las regiones productoras que tiene a punto de colapsar la actividad extractiva. Y la realidad es que si no se le compensa de mejor manera a las regiones productoras, que se han sentido maltratadas y despojadas de lo que asumían como suyo, la actividad extractiva en Colombia se va a tornar inviable. Los bloqueos, las protestas, las demandas y las consultas populares están al orden del día y se han convertido en el freno de mano de la misma y en el espantapájaros de la inversión en el sector.
Si esta situación no se supera, se van a seguir viendo afectadas no solo las regalías que son la única base cierta que tienen las entidades territoriales, productoras y no productoras, para financiar sus proyectos de inversión, sino que también se están viendo afectados los ingresos de la Nación por concepto de los impuestos que pagan las empresas mineras y petroleras. De hecho el año anterior la renta petrolera fue de cero pollito, después de haber recibido $24.6 billones en 2013. Y, como es apenas lógico, los recursos que deja de generar el sector minero y petrolero debe ser suplido por otras fuentes diferentes, ya sea con más impuestos o más endeudamiento por parte de la Nación, que ya está en el límite (45% del PIB), que en últimas se traduciría en más impuestos porque no plazo que no se venza ni deuda que no se pague. Este es otro tópico que deberá abordar, con todo esmero y cuidado, la Comisión del Gasto Público. Como vemos, su ímproba tarea no será nada fácil.
