Puede ser que a muchas personas nos duela la tragedia, pero en verdad no todos somos Mocoa. Es muy valiosa la campaña masiva ciudadana de solidaridad pero el problema real es una profunda irresponsabilidad ambiental de parte del gobierno nacional, departamental del Putumayo y de diferentes empresas cuyo nombre debe ser esclarecido por la justicia.
Puede ser que al ciudadano de a pie, a la campesina arraigada, a la oficinista o al estudiante hippie le duela este siniestro, pero es claro que hay una responsabilidad concreta en empresas mineras y petroleras, proyectos de carreteras, de vivienda, terratenientes, constructoras o destructoras del cuerpo de la selva a quienes simplemente no les importó cumplir con las normas ambientales, es a ellos a quien hay que castigar ejemplarmente. Ellos no son Mocoa. ¿Lo permitirá la maraña de corrupción colombiana? ¿Responderán las autoridades ambientales al pueblo o a favor de las empresas responsables?
No fue un fenómeno natural, ni un castigo de Dios. A la tierra de los pueblos originarios Sionas, Cofan, Ingas, Kamentsas, Quillasingas, Pastos, Murui, Yanakonas, les tocó la terrible misión de ser los nuevos mártires de la injusticia ambiental. A la gente del Yagé le cayó la avalancha de la corrupción, es el resultado del saqueo de las piedras del Río Mocoa, de la deforestación de la Selva, del saqueo de la riqueza del territorio putumayense, de la falta de vigilancia y cumplimiento de la ley que al parecer solo es letra muerta y su desconocimiento solo trae consigo eso, la muerte, por ello hay que lamentarse profundamente por la desaparición de los cabildos Inga Mocoa, Musurunacuna, Yanacuna, Ichaiwasi, Pastos, Gran Putumayo, Inga José Homero, Kamentsá Biya de Mocoa y sacar a la luz de una vez por todas las causas de esta tragedia. ¿Pero hay presupuesto para la investigación? ¿Será este mayor o menor a lo que estarán dispuestos a pagar quienes se sientan culpables de este crimen ambiental?
¿Quiénes entonces van a responder por la fractura de las 300 familias y la desaparición de casi 1000 personas en una población de tan solo 90.000 habitantes? Este es el resultado del modelo de desarrollo económico capitalista que promueve el sistema que desconoce por completo la lógica de la naturaleza por querer recibir más ganancias de los que realmente se merecen. Este es el resultado del abandono del Estado donde la abundancia del territorio permite que se camuflen los corruptos en la espesura de la selva, y lo que más duele, que a pesar de que ya habían denuncias ante las autoridades, lamentablemente estas no fueron tomadas con seriedad y hoy vemos las consecuencias.
Con todo el dinero de las donaciones, ¿Qué pasará con la reconstrucción de Mocoa? ¿Podremos darle la vuelta a la situación implementando de una vez por todas las nuevas tecnologías? ¿Lograremos de una vez por todas tener una verdadera implementación de las normas ambientales ó al menos una re-evaluación de las mismas? ¿380 municipios que están en riesgo de sufrir la misma calamidad podrán ser salvados? ¿Se detendrá al fin la construcción de la carretera entre Valle del Sibundoy y Mocoa? Es urgente que de una vez por todas optemos por un modelo de desarrollo ecológico y económico fundamentado en la protección de la vida y en la multiplicación de la abundancia de nuestra riqueza natural, no de su acaparamiento y aniquilamiento. Ya es hora de que el gobierno colombiano entienda que la política ambiental no es un asunto de mamertos ni de locos ambientalistas sino que es un eje absolutamente fundamental para la vida, especialmente cuando somos el segundo país más biodiverso del mundo.
