La crisis COVID-19 se ha convertido también en una crisis de abastecimiento de alimentos, especialmente en las regiones de Colombia. Las decisiones del Gobierno Nacional han puesto en jaque la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria nacional, especialmente con el Decreto 523 de 2020 que elimina los aranceles para alimentos de consumo masivo. Este Decreto, junto con el cierre de los mercados campesinos ha conducido a organizaciones y bancadas alternativas a realizar un llamado al Gobierno Nacional para repensar sus estrategias de abastecimiento de alimentos y garantizar el derecho a la alimentación de manera culturalmente adecuada para las regiones.
No parece tener sentido apostarle a la dependencia alimentaria internacional en un momento en el que las fronteras están cerradas, en lugar de eso, sería más sensato fortalecer la producción y distribución de alimentos locales e incrementar la capacidad de Colombia para garantizar su soberanía alimentaria, en lugar de esto, el Gobierno Nacional tomó la decisión de cerrar los mercados campesinos locales que abastecen de alimentos a miles de familiar que viven en las regiones a la vez que reduce los aranceles de alimentos y poner en vigor la Resolución 523 de 2020.
El Decreto 523 de 2020
El Decreto 523 de 2020 nace con la declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, en la pandemia generada por el COVID-19. Se expidió el 7 de abril de 2020, estableciendo 0% del arancel para la importación de maíz amarillo duro, sorgo, soya y torta de soya hasta el 30 de junio de 2020, estas medidas podrán ser prorrogadas por tres meses adicionales.
Según el senador Alberto Castilla el decreto se debe sustituir progresivamente la importación de los alimentos básicos en el país, por la producción agropecuaria nacional para garantizar efectivamente el derecho humano a la alimentación de toda la población y alcanzar la autosuficiencia alimentaria de Colombia.
La oportunidad perfecta para apoyar la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC)
Decía Luis Alfredo Muñoz, en el foro “Sociedad rural y post-pandemia” organizado por Misión Rural, que según el más reciente informe de la FAO en Colombia los alimentos que menores dificultades han sufrido durante la pandemia han sido los commodities, tales como los cereales, que en su mayoría provienen de la agroindustria, mientras tanto, las frutas, verduras, carnes y lácteos, que son los que provienen principalmente de la agricultura campesina y que aportan mayor variedad de nutrientes a las dietas de los colombianos son los alimentos que mayores problemas han encontrado para garantizar la oferta, lo que se puede convertir en un problema de salud pública.
Según CENIRED, actualmente Colombia importa 30% de los alimentos que consume, el maíz representa el mayor volumen de las importaciones del sector. Además, se pierden anualmente 9,76 millones toneladas de alimentos, equivalente al 34 % de la producción, cantidad suficiente para alimentar anualmente a ocho millones de personas. La mayor pérdida de alimentos se da principalmente en frutas y vegetales y raíces y tubérculos.
Este desperdicio tiene lugar a lo largo de la cadena de valor. En países “del primer mundo” el mayor desperdicio suele ubicarse en su mayoría en el consumo, también, se asocia con mayores tasas de obesidad, a la vez que en países “del tercer mundo”, como Colombia la mayoría de las pérdidas de alimentos se encuentran en el eslabón de producción y procesamiento de los alimentos. De manera que, existe una valiosa oportunidad de incrementar la eficiencia de los sistemas productivos de las economías campesinas para garantizar dietas sustentables y saludables a los colombianos.
Solicitud de garantías para que la ACFC logre abastecer los hogares colombianos
Ante esta situación, organizaciones sociales y bancadas alternativas del congreso demandan la articulación y armonización institucional entre sectores y de las instancias nacionales, regionales y territoriales, para que los alimentos de origen campesino logren llegar de manera más efectiva a los núcleos urbanos. La Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) presentó el 11 de mayo ante la Procuraduría General de la Nación las medidas que se han implementado para garantizar el funcionamiento circuitos cortos de comercialización de alimentos pertenecientes a la ACFC durante la epidemia, a la vez, que solicitó garantías para fortalecer la oferta proveniente de la ACFC en los eslabones de producción y distribución especialmente.
En respuesta a la solicitud, la Procuraduría invitó a las autoridades territoriales a establecer alternativas y acciones que permitan la llegada de los productos de la ACFC a sus consumidores finales, haciendo un llamado a la acción a mesas de coordinación de abastecimiento y seguridad alimentaria departamental y local. Asimismo, la Procuraduría vigilará que las gobernaciones y municipios promuevan las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento alimentario y la protección de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria durante la emergencia sanitaria.
La pandemia ha evidenciado la vulnerabilidad a la que están expuestos los países que no son soberanos alimentariamente, sin bien la incertidumbre gobierna nuestros días, parece ser que la creciente globalización de los mercados decrecerá parcialmente, cuando pensábamos que las fronteras entre países se hacían más difusas, la epidemia del coronavirus puso sobre la mesa la vigencia de los Estados nacionales y las decisiones que toman sus líderes para definir el éxito de los países mitigando la propagación del virus sin ensanchar las brechas económicas entre los ciudadanos.
