La difícil situación que atraviesa el mundo y naturalmente nuestro país por causa de la pandemia del COVID-19, no fue obstáculo para que miles de ciudadanos en Estados Unidos salieran a las calles, indignados por el racismo sistémico y la violencia policial en contra de los negros. El detonante fue el asesinato de George Floyd a manos de Derek Chauvin, y tres oficiales mas de la policía de Minnesota. Así se generó una protesta mundial en contra del racismo y en favor de la igualdad, que no se veía desde la década del 60 y el gran movimiento por los derechos civiles que acabó con la infame segregación racial en los estados del sur de Estados Unidos. “Las vidas negras importan” y “No puedo respirar” han sido los lemas de este movimiento global. En Colombia tuvimos nuestra cruel versión de la violencia racista con los asesinatos de dos jóvenes negros en Puerto Tejada, Cauca: Anderson Arboleda y Janner García. Sus familias señalan a la policía como responsable.
A lo anterior se debe agregar la crisis institucional que vive Colombia. El Congreso de la República perdió varios meses debatiendo si las sesiones virtuales eran legales y no ejerció el control político necesario a la avalancha de decretos expedidos por el gobierno central plagados de micos. Algunos congresistas, incluso señalaron que citar a los ministros a los debates era “hacerles perder el tiempo”. Y ahora, finalizando este período, el legislativo se dedicó a aprobar iniciativas populistas o simbólicas que no responden al bien común sino a un show mediático en aras de figurar en medios de comunicación y generar «likes» en redes sociales.
De otra parte, la justicia cada día más deslegitimada. No hay avances en investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad que ya cumplen más de 30 años. Tampoco en sonados escándalos como Odebrecht, y para el caso de la «Ñeñe política» se captura a los policías que estaban realizando legalmente su tarea de interceptación de comunicaciones. La Fiscalía ordena la captura del gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, cuando otros investigados por delitos de lesa humanidad, como el asesinato de mi padre, apenas reciben de parte de la Fiscalía una medida restrictiva para salir del país. No solo se trata de una desproporción sino de una erosión sistemática en la legitimidad de nuestra justicia.
La «cereza del pastel» es nuestra política exterior, que se convirtió en un “mal chiste” ante la comunidad internacional. En primer lugar, Aida Merlano se fuga a Venezuela y posteriormente se pierden unas lanchas de las Fuerzas Armadas que aparecen en el citado país. Como no tenemos relaciones diplomáticas con el gobierno del Presidente Maduro, no se puede hacer ninguna gestión diplomática. Sin otra opción viable, solo queda resignarnos a que más adelante, sabe Dios en cuanto tiempo, sea derrocado el citado presidente y se puedan restablecer relaciones con un vecino tan importante. Mientras tanto quienes sufren las consecuencias de la “polarización en la diplomacia” son los más vulnerables, y claro el interés nacional también.
De tal forma que los invito a que seamos nosotros los ciudadanos quienes recuperemos la institucionalidad del país. Es necesario que protestemos y le exijamos a nuestros gobernantes responsabilidad ética y política ante el interés general. Dejen a un lado sus pleitos y piensen en Colombia.
