El pasado mes de septiembre la Procuraduría General de la Nación (PGN) lanzó su segundo informe “Segundo Informe Al Congreso. Sobre el estado de Avance de la Implementación del Acuerdo de Paz”. A título personal, me parece que el informe es todo lo que uno pudiera esperar de una institución de control social en un Estado Social de Derecho, es crítico, certero, argumentado y con un significativo nivel de detalle para comprender un proceso tan complejo como ha sido la implementación del Acuerdo Final.
Metodología para el seguimiento del Acuerdo
La medición y seguimiento al Acuerdo de Final (AF) colombiano es supremamente compleja, me quedo corta en palabras cuando le cuento a mis amigos sobre todo el aparato institucional que nació con el Acuerdo. Con la creación de nuevas agencias como la Agencia de Reincorporación Nacional, o agencias con nuevas funciones, como la Agencia de Renovación del Territorio, que tiene a su cargo la tarea de coordinar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. También, nació un novedoso marco legal y normativo relacionado con cada punto del AF.
Existen diversas organizaciones de gobierno y de la sociedad civil comprometidas con el seguimiento del AF, con ellas múltiples formas de hacer seguimiento a su implementación. Por su parte, el Instituto Kroc, se centra en una mirada integral, que evalúa avances en disposiciones de los puntos del Acuerdo y sus asuntos transversales como son género, enfoque territorial, lo étnico y acción contra minas antipersonal.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación se centra en el seguimiento al Plan Marco de Implementación (PMI), que se desprende de la versión final del Acuerdo, que contiene metas, productos e indicadores relacionados con cada punto del Acuerdo. La debilidad del PMI ha sido la ausencia de indicadores articuladores y globales del AF desde una perspectiva estratégica, que tengan una mirada integral de los avances del Acuerdo, a veces pareciera ser un compendio de indicadores cuya conexión no es tan clara.
A quienes quieran ahondar sobre cómo se pueden conocer los avances en la implementación del PMI los invito a visitar el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) https://siipo.dnp.gov.co/ si bien, existen varios indicadores sin ficha técnica y sin información detallada por territorio, como lo menciona la PGN en el informe, pero, SIIPO permite comprender cómo van avanzando los indicadores.
Desde esta mirada del PMI se han construido los dos informes presentados al Congreso de la República. El segundo informe se divide por punto del Acuerdo (1. Reforma Rural Integral; 2. Participación Política; 3. Fin del conflicto; 4. Solución al problema de drogas; 5. Acuerdo sobre las víctimas; 6. Implementación, verificación y refrendación) y tiene una versión resumida. El informe enfatiza en la manera como se han desempeñado las instituciones de gobierno involucradas en la implementación y seguimiento al Acuerdo con relación al primer informe que fue lanzado en 2019.
Retos en la implementación
El informe es liderado por la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, que trabaja de la mano con Procuraduría Delegada con funciones de coordinación de intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos y la Delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social.
La PGN llama la atención sobre la frágil planeación financiera y reducida información sobre financiación de los puntos y subpuntos que componen el Acuerdo. Los asuntos transversales terminan refundidos sin presupuesto claro. Esta es una de las mayores críticas que al expresidente Juan Manuel Santos, pues le faltó impulso para haber dejado definidos los presupuestos de la implementación del Acuerdo Final. Además, en SIIPO no existe aún el módulo correspondiente a financiación.
Como han reportado congresistas de la oposición, el presupuesto disponible para la implementación del Acuerdo ha sido insuficiente, para cumplir los acordado en los tiempos estipulados, especialmente con la implementación de los puntos 1 y 4.
Por otra parte, la PGN sostiene en el informe que la heterogeneidad en grado de detalle y de calidad de la información disponible en el SIIPO dificulta la labor de seguimiento y evidencia debilidades en la planeación y programación del Acuerdo como política integral de Estado, que amerita coordinación multinivel y sectorial.
Sin seguridad en los territorios el Acuerdo no avanza
No obstante, pese a todos los retos técnicos de la implementación del Acuerdo, la PGN llama la atención sobre la situación de seguridad en los territorios del país. Según “la Consejería de Derechos Humanos que utiliza como fuente a ONU Derechos Humanos, se ha reportado el asesinato de 405 líderes y lideresas, mientras Indepaz reporta el homicidio de 952 personas. Para el caso de los excombatientes, durante el mismo período, según lo informado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, habían asesinado a 216.” Adicionalmente, se reporta una posible resiembra de minas antipersonal, 50 desplazamientos masivos y más de 45.700 personas confinadas.
El avance en indicadores no es el esperado para el tercer año de implementación, de 84 indicadores que debieron estar cumplidos para 2019, continúan pendientes por cumplir el 40%. Cabe mencionar que el informe tiene como fecha de corte marzo de 2020. No se incluyen los efectos de la epidemia Covid-19 que con seguridad generaran mayor lentitud en los avances, sumados a los retrasos que venían desde antes de la pandemia.
A tan solo dos meses de la entrega del cargo de Procurador General de la Nación por parte de Fernando Carrillo Flórez, el Procurador ha demostrado su compromiso con el cumplimiento del Acuerdo Final y las víctimas, esperemos que bajo el nuevo liderazgo la PGN se mantenga en este compromiso. La implementación del Acuerdo necesita de liderazgos comprometidos con las víctimas y lo pactado, para que la paz no nos siga costando la vida.
