Tenemos una situación que raya en lo critico con el actual asesinato de 234 integrantes del Partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), lo cual ha generado como respuesta por parte de los militantes de ese partido, una ‘peregrinación nacional por la vida’ hacia Bogotá para buscar que el país se sensibilice y que el gobierno dé respuestas serias en términos de políticas de protección. No se trata, como lo han dicho altos funcionarios del Gobierno, que no va a haber impunidad, se trata es que no los maten. Y por supuesto no se está poniendo en duda la disposición de funcionarios del Estado de cumplir con sus obligaciones.
Esto nos lleva a colocar en la agenda del presente el genocidio cometido contra los miembros del movimiento político Unión Patriótica, que conllevó al asesinato sistemático de alrededor de cinco mil militantes de ese partido político, frente a los ojos de todos los colombianos y durante diversos gobiernos. Esa es una página vergonzosa de nuestra historia política que bajo ninguna circunstancia debería repetirse, pero hay síntomas preocupantes que pareciera estarse re-editando. En el caso de la Unión Patriótica se asesinó a sus candidatos presidenciales, sus congresistas, diputados, concejales y alcaldes, en un caso doloroso para cualquier sociedad, que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a calificarlo de genocidio político.
En el caso de los miembros del Partido FARC, se trata de militantes y mandos medios que están viviendo su proceso de reincorporación y que han venido siendo asesinados por distintos actores delincuenciales. No hay duda en que existan delitos de odio, así como retaliaciones de antiguos compañeros que hoy han retornado a sus actividades delincuenciales, igualmente el ELN también ha puesto su cuota de asesinatos –como ellos mismo lo reconocieron- y por supuestos otros grupos de crimen organizado. Por supuesto que no es fácil la protección de esas personas en proceso de reincorporación, pero ese es el reto; claramente los dirigentes del partido político que cuentan con esquemas de seguridad no han sido afectados, lo cual es importante y deben reforzarse si hay necesidad; esa fue una diferencia sustancial con los dirigentes de la Unión Patriótica, que para esa época no tenían esquemas de seguridad sólidos; hoy día el Estado colombiano ha mejorado sustancialmente en ese campo.
Si se analizan procesos similares de partidos políticos derivados de antiguos movimientos guerrilleros, ya sea en los casos centroamericanos, o en el del Movimiento Tupamaros del Uruguay y el Movimiento de Participación Popular, o en el caso de Irlanda del Norte, no encontramos esa recurrente tendencia colombiana a acudir a la violencia y específicamente al asesinato de sus miembros. No importa que discursos pretendidamente justificadores se utilicen, bajo ninguna circunstancia eso puede tener aceptación en una sociedad que se precie de democrática. ¿O estamos hablando de democracias de mentirillas?.
No hay duda que se deben activar todas las alarmas. No sólo las contempladas en el Acuerdo de Paz firmado con el Estado colombiano. Todo el Sistema de Seguridad para la Participación Política, sino los mecanismos de acompañamiento internacional, empezando por Naciones Unidas a quien si es el caso se le debería ampliar el mandato para que igualmente supervise los mecanismos y sistemas de protección, así como los diversos Estados de la comunidad internacional y por supuesto se debe generar una oleada de repudio en la sociedad colombiana y una solidaridad con estos ex combatientes que le han jugado limpio al proceso de paz, pero con los cuales no ha existido igual reciprocidad.
No podemos dejarnos llevar de nuevo a la guerra de las retaliaciones. Solidaridad plena con los excombatientes de FARC.
