Se ha especulado por algunos, acerca de la propuesta de un representante gremial de los alcaldes, sobre la conveniencia de hacer una reforma que unifique los mandatos de los distintos gobernantes territoriales, es decir Presidente, Congresistas, Gobernadores, Asambleas Departamentales, Alcaldes y Consejos Municipales, ‘obsequiándoles’ de paso, dos años más de mandato al Presidente y a los congresistas; todo lo anterior con el argumento de ‘ahorrar presupuesto’ por los costos que conllevan los distintos certámenes electorales.
El tema tiene una dimensión de orden constitucional y otra de conveniencia política.
Desde el punto de vista constitucional, es claro que una reforma constitucional de ese alcance significaría en la práctica un cambio de la Constitución y por consiguiente es algo que no podría hacer el constituyente delegado, es decir el Congreso, sino que requeriría, como lo expresó la Corte Constitucional a propósito de la modificación de las posibilidades de re-elección por más de un mandato del Presidente, una participación directa del constituyente primario, ya sea por la vía del plebiscito, el referéndum o una asamblea constituyente. Por consiguiente, no tendría ningún sentido que el Congreso, entusiasmado por la ‘mermelada’ de dos años más de mandato, se embarcara en una reforma contra reloj, que muy seguramente sería declarada inexequible por la Corte Constitucional. Afortunadamente algunos medios de comunicación informaron esta semana que el Presidente había reiterado, como es lo establecido en la normatividad vigente, que su mandato concluye el 7 de agosto de 2022.
En la dimensión de la conveniencia política, el tema se puede discutir, teniendo siempre claro que una reforma de este calado tendría que ser aplicable hacia el futuro y de ninguna manera para beneficiar los actuales congresistas o el Presidente. Pero lo fundamental es destacar que cuando se estableció la diferencia de fechas para la elección de Presidente y Congreso, de una parte, se buscaba que los ciudadanos en momentos diferentes pudieran elegir a sus representantes y al Jefe de Estado, propio de un régimen presidencialista como el nuestro –fundamental en las democracias modernas, donde los pesos y contrapesos, como dicen los anglosajones, es la base de los poderes controlados-; la separación de la elección de los gobernantes nacionales y de mandatarios regionales y locales del otro, lo que establecía además de garantizar el equilibrio de los poderes, que de ninguna manera fuera a producirse una única elección en la cual una fuerza política o una coalición ‘arrasara’ todas las representaciones y se produjera una especie de ejercicio monopólico del poder; adicionalmente, porque los problemas de los cuales se ocupan los gobiernos regionales y locales tienen especificidades que llevan a que los ciudadanos en su ejercicio electoral tenga en consideración otras variables y criterios para decidir el voto por sus representantes regionales o locales y por sus gobernadores o alcaldes.
El argumento del costo de los distintos certámenes electorales, es poco serio; no sólo porque la democracia tienen unos costos que justamente los ciudadanos los asumimos a través de nuestros impuestos, sino que con ese mismo discurso tendríamos que concluir que lo más barato sería elegir una especie de gobernante perpetuo y a lo mejor sin representaciones congresionales, para ‘ahorrar’ los costos. No, es verdad que la pandemia de la Covid-19 colocó a todas las sociedades ante situaciones y exigencias presupuestales imprevistas, pero eso lo deben enfrentar los gobernantes, en el corto plazo con manejos macroeconómicos y eventualmente acudiendo al endeudamiento y a mediano plazo deberemos asumir políticas públicas de racionalización del gasto público, de control de la evasión y la elusión y con medidas de estímulo al desarrollo de la economía.
