Cuando radiqué el proyecto de ley de cannabis medicinal, siempre hubo un enemigo férreo que hizo hasta lo imposible para que no se aprobara en el Congreso: el entonces senador Álvaro Uribe Vélez y su bancada del centro democrático. En sus propias palabras, estaba en contra de la iniciativa, entre otros motivos por su temor a “legalizar la trabada de la juventud”, un argumento contraevidente, carente de sustento científico, moralista e hipócrita.
Lo anterior lo menciono por lo sucedido en la última asamblea ordinaria de ASOCOLCANNA, donde sólo un día antes fue enviada la agenda -cuando debe ser comunicada con un mes de antelación- y en la que estaba en el orden del día el expresidente. En compañía de Samuel Hoyos y Paloma Valencia, en un discurso donde imperó el miedo y en el que les dijo a los miembros de esta asociación que la industria estaba saliendo adelante gracias al gobierno nacional. Justo cuando comienza la campaña electoral, intentan hacer olvidar que cuando no eran gobierno, buscaban implacablemente su hundimiento.
También anunció que la senadora Paloma Valencia radicará un proyecto de ley para crear el instituto nacional del cannabis, con el propósito de centralizar el control burocrático y económico de las licencias. Por eso le pregunto: ¿qué pasó con la congresista que estaba en contra de la creación de cualquier entidad que significara burocracia en el Estado? Recuerdo muy bien sus férreas posiciones en los debates de la Comisión Primera del Senado, donde se oponía con inquina al proyecto de ley. ¿Qué la hizo cambiar de posición? ¿Es esta la versión uribista del Estado “derrochón”? ¿La solución uribista para la industria de cannabis en Colombia es crear burocracia? ¿Por qué no expiden más bien la reforma al decreto 613 para darle un alivio y seguridad jurídica a la industria?
El sistema que existe entre los ministerios de justicia, salud, agricultura e INVIMA, permite que las decisiones se tomen en un ámbito de discusión, en consenso, es decir hay un sistema de pesos y contrapesos entre las entidades. ¿Por qué quiere acabarlo? ¿Por qué no fortalecer el papel de Congreso en su función de control político sobre esta estratégica industria? ¿Para cuando un sistema de rastreo y trazabilidad que transmita confianza en médicos y pacientes sobre la calidad para desarrollar el mercado interno? ¿Por qué no hacer trascender el mero anuncio de que la industria de cannabis medicinal en Colombia es un PINE (proyecto de interés nacional estratégico)? ¿Por qué no agilizar las líneas de crédito desde Finagro y el banco agrario para pequeños y medianos productores? ¿Por qué no invertir en investigación científica y pedagogía para médicos y pacientes?
La operación de paracaidismo político no les salió bien, la gente no quedó contenta con la interferencia populista y oportunista del expresidente y sus copartidarios. La asociación obedece a unos estatutos donde sin importar el músculo económico, cada uno cuenta con voz y voto, la participación es democrática y eso es lo que les preocupa e incomoda. Quien hoy se quiere mostrar como salvador y redentor de la industria, fue su gran verdugo original. Muy a pesar de la operación de filibusterismo parlamentario que lidero contra la aprobación de la ley 1787, primó la democracia sobre la mezquindad y el dato sobre el mito. La gente identifica siempre quien a intenta ganar indulgencias con avemarías ajenas.
