Con tantos acontecimientos negativos que suceden en el país, se termina con un adormecimiento que impide saber por dónde comenzar, porque cada suceso es tan relevante que dificulta el comentario y el análisis.
La inconsistencia del gobierno frente a la acción de nulidad que interpuso en contra de la decisión de la Corte Constitucional por revivir las curules de las víctimas fue muy criticada en su momento, pues con ello les desconocía sus derechos; ahora da un paso atrás y esperamos que se concrete formalmente el retiro de dicha acción.
En cambio, resulta preocupante el informe publicado por Noticias Uno según el cual se estaría tramitando en la Cámara de Representantes, sin publicitarlo, un proyecto del gobierno nacional que establecería censura previa a la prensa.
Lo interesante es que, no solo Juanita Goebertus, sino también el representante del Centro Democrático Gabriel Santos, han llamado la atención sobre este proyecto que parecería indicar que el gobierno nos lleva poco a poco a una dictadura.
Con los escándalos sobre violaciones a los Derechos Humanos, este proyecto de ley ya enciende más las alarmas de aumento de esta clase de vulneraciones que conducen al debilitamiento de la democracia.
Por otra parte, parece ser que los derechos fundamentales no son tan importantes como los intereses políticos partidistas de unos pocos, o como las utilidades económicas de ciertos grupos empresariales, ya que el permitir que se reactiven todas las labores en el país cuando el sistema de salubridad pública se encuentra en alerta roja y hay un grave desabastecimiento de medicamentos y de oxigeno no solo es irresponsable por parte del gobierno, sino que demuestra que poco le importan los derechos a la salud y a la vida. Es otra forma de vulneración de estos derechos fundamentales.
Pero los tumbos del gobierno no se quedan allí. Vale la pena mencionar que los órganos de control que deberían ser del partido contrario al del gobierno no lo son, y no cumplen con el requisito de imparcialidad, ya que están en manos de personajes cercanos del Jefe de Estado, de creer lo dicho por algunos medios de comunicación en relación con el nombramiento de varios magistrados del tinte político de la coalición de gobierno; nos preguntamos cuál es el equilibrio entre las ramas del poder público y cuál la transparencia que se debe de tener para regular sus actuaciones.
La injerencia del Jefe de Estado en las decisiones de las altas cortes, muestran que son más los desaciertos del gobierno que sus aciertos y dejan una alta deuda en términos sociales, y equidad.
Lastimosamente el gobierno no ha mostrado coherencia en sus actuaciones y menos en lo que se refiere a la política exterior y a su diplomacia, con lo que ha puesto en entredicho la imagen de la nación.
Lo que podemos concluir es que la incapacidad del gobierno para realizar reformas sociales y económicas es enorme. En lugar de cambiar su imagen de transgresor de los derechos fundamentales, la corrobora, así no sea esa su intención.