Muchos colombianos nos preguntamos porque los proyectos de Ley que hacen referencia a la reducción del número de congresistas y la disminución de sus salarios no se hacen realidad en Colombia.
Se volvió normal que los congresistas en público manifiesten estar de acuerdo con la disminución del número de miembros de ese cuerpo colegiado y a su vez de la disminución de sus salarios. Pero cuando llega el momento de votar lo hacen en contra de lo que pregonan por los medios de comunicación y las redes sociales.
En Colombia existen unas entidades que coloquialmente se denominan “Altas Cortes” y que su asignación salarial y beneficios están atadas a lo asignado a los congresistas, esto también aplica para los ministerios y otras instituciones del Estado.
Una Ley que autorice la disminución del número de congresistas y a su vez la reducción de sus beneficios no basta con ser aprobada por el Congreso, en Colombia siempre hay leguleyos y mandaderos que demandan todo lo que aprueba el Congreso, esa Ley terminará siendo estudiada y ratificada por los miembros de alguna de las “Cortes” y como ellos son juez y parte interesada, terminan considerando que lo aprobado por el congreso es inconstitucional.
Pero como el Congreso legisla poco y muchas veces dedica tiempo a temas intrascendentes, las “Cortes” en sus fallos se han dedicado a suplir esa falta de operatividad de los congresistas y se ha vuelto costumbre que además de ejercer su labor jurídica termina complementando los fallos con normas legislativas que normalmente estaría dentro de las funciones del Congreso. Igualmente se ha vuelto repetitivo que una de las “Cortes” emita un fallo en un sentido y que otra “Corte” emita un fallo en sentido contrario, esto se conoce como “choque de Trenes” y se presenta por la cantidad de “Cortes” existentes en Colombia y porque cada una de ellas pretende que sus fallos sean los que se deben aplicar en el país.
De acuerdo con el observatorio de Mejora Normativa del DNP, entre los años 2000 al 2019 se han promulgado en el país 77.417, por lo que la administración de justicia se ha convertido en un laberinto lleno de normas que al final conducen a ninguna parte y de esto se nutre la impunidad que reina en el país.
Según las páginas de internet de las diferentes “Cortes” o entidades formadas con personas que tienen rango de magistrados y por lo tanto igualan los beneficios otorgados a los miembros del Congreso, están conformadas de la siguiente manera:
- Corte Suprema de Justicia: 23 Magistrados por periodos de 8 años
2. Consejo Superior de la Judicatura:
– Sala Administrativa: 6 Magistrados
– Sala Jurisdiccional Disciplinaria, reemplazada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial: 7 magistrados. Aquí se hizo una reforma a la colombiana, solo se modificó el nombre y lo demás continua igual.
3. Corte Constitucional: 9 Magistrados con periodos de 8 años.
4. Consejo de Estado: 31 magistrados
5. Consejo Nacional Electoral: 9 magistrados
Estos 85 magistrados era lo que se tenía antes de la firma de los acuerdos de paz. Como resultado del proceso de negociación, con parte de la narco guerrilla de las FARC, se crearon otros 48 cargos de magistrados, así
6. Justicia Especial para la Paz (JEP): 18 magistrado más 6 amicus curiae
7. Tribunal para la Paz: 20 Magistrados más 4 amicus curiae
Esto da un total de 133 magistrados distribuidos en 7 entidades con capacidad de designar magistrados.
Pero los beneficios y costos para los colombianos no son solo los magistrados, ellos, al igual que los congresistas con sus UTL, tienen su sequito de auxiliares con similares asignaciones salariales y beneficios, pero que no se publican y solo se tiene información tangencial obtenida por La Corporación Excelencia de Justicia (CEJ).
Auxiliares de la Corte suprema de Justicia:
- Sala civil 21 magistrados auxiliares
- Sala Laboral 21 magistrados auxiliares
- Sala de Descongestión: 36 magistrados auxiliares
- Sala Penal 54 magistrados auxiliares
Auxiliares del Consejo Superior de la Judicatura:
- Cada magistrado tiene asignados 2 auxiliares para un total de 12 magistrados auxiliares.
Sobre los magistrados auxiliares de las demás cortes poco se sabe, por lo que el sub total parcial de magistrados auxiliares es de 144 cuyas asignaciones salariales sobrepasan los $25 millones cada uno.
Para cualquier país tener 133 magistrados en varias “Cortes” y su sequito de auxiliares, la operatividad de la justicia se vuelve inmanejable y contradictoria, no solo porque ya no son los mejores y más meritorios juristas los que conforman esas instituciones sino que ser magistrado se ha convertido en parte de botines burocráticos y oportunidades de negocios personales como se ha visto con el “Cartel de la Toga” y otros casos similares en algunos Tribunales Superiores por no mencionar las decisiones de los jueces que más parecen cómplices de los delincuentes que defensores de las población de bien.
Como vemos son pocas las esperanzas que se tienen en Colombia de ajustar el Congreso, de disminuir la burocracia del Estado y de tener los mejores juristas en una Corte seria y con un número de magistrados razonable. En Colombia es menester las reformas al Congreso para disminuir el número de congresistas y sus beneficios y a la justicia para racionalizar la cantidad de magistrados y de “Altas Cortes”.
