Es como si la Corte dijera: no hay suficiente consenso; está pendiente un acuerdo político.
Hace apenas unos días, después de Reficar, Odebrecht etc., considerábamos que la lucha contra la corrupción se convertiría en eje del debate de las presidenciales y el país podría avanzar hacia nuevas metas, como su erradicación, otorgando un claro mandato al gobierno entrante. El reciente fallo de la Corte Constitucional nos ha recordado que existen pendientes en la paz, aunque no signifique un veto a los acuerdos ni su inconstitucionalidad. El fast track será menos fast. Esa ralentización tiene efectos complicados en la puerta de las elecciones y en plena ejecución de los acuerdos con los guerrilleros acampados y esperando.
No deja de ser insólito que el magistrado Bernal, quien definió el fallo en “su contra”, hubiese sido ternado por el mismo presidente. Demuestra inconsistencia en el equipo de gobierno, pero más que eso evidencia fragilidad en la coalición, dejando en el aire la pregunta sobre si veremos hechos como este en el futuro, a medida que se acerquen el final del período de gobierno y las elecciones, cosa que también se preguntan las Farc, quienes, además de los temas pendientes, como la reforma política, reclaman cumplimiento sobre excarcelaciones y entrega de tierras. El fallo se produce días antes de cumplirse la fecha para la dejación de armas. Dígase lo que se diga es un torpedo que tendrá consecuencias en el calendario. Por ahora, el día “D +180” se convertiría en “D + 270”.
El dilema del ministro del Interior entre quedarse, para cumplir los acuerdos con las Farc, o irse, para convencer a la opinión de la necesidad de respaldarlos con su candidatura, como el negociador De la Calle, también recuerda que desde muchas tribunas, entre ellas esta columna, reclamamos en su momento un jefe de debate en la opinión que la paz no tuvo, reduciendo el asunto a firmar con las Farc y, de cierta forma, aislando el proceso a la vista de todos, como en una jaula de cristal. En otras palabras, los acuerdos están firmados y deben cumplirse, piensa la Corte, pero no alcanzamos un formal y necesario consenso siendo un tema tan vital, cosa que a la comunidad internacional le resulta inexplicable.
Aunque a nadie se le ha ocurrido negar la conveniencia de la paz; aunque el mismo Uribe ha dicho que los combatientes que depusieron sus armas jamás serán afectados, en Colombia todos sabemos que se trata de diferencias políticas. Por eso no es tan negativo que parte de lo que falta por legislar “vuelva” al Congreso. ¿Pero mantendrá el Gobierno las mayorías o llegó la hora de buscar el esquivo acuerdo que no se pudo lograr entre la dirigencia?
El ministro Cristo afirma que sí, mientras otros, contando votos, comienzan a preguntarse cuál será la actitud ahora de Cambio Radical. En ese tira y afloje a nadie se le ha ocurrido sacar del cuarto de San Alejo la propuesta que en algún momento hizo el liberalismo, a través de su director Horacio Serpa, para buscar ese pacto de Estado que acerque a las partes en discordia. Un acuerdo razonable, superior al revanchismo que se ha observado de parte y parte. Las Farc, por su parte, deben entender que no se trata de incumplir, sino de garantizar lo acordado.
Pero las buenas intenciones o el “deber ser” raras veces tienen éxito en la cruda política. Si eso no ocurre, tendremos unas presidenciales que nos tendrán ocupados en conseguir la paz, al menos por otros cuatro años, como en las épocas del gobierno Pastrana que la prometió para ganar las elecciones (¿Recuerdan la foto con Marulanda?), sin conseguirla. Eso fue antes de mucha violencia que se pudo evitar.
