Nunca antes en la historia de la humanidad, como ahora, las personas jóvenes habían tenido tanto acceso a la información ni acumulado tantas capacidades técnicas, académicas y científicas. Paradójicamente, tampoco habían estado sometidas a tantos riesgos, desequilibrios e inequidades.
La sociedad y el Estado, por ejemplo, hacen inmensos esfuerzos económicos y fiscales para garantizar que los niños, adolescentes y jóvenes puedan ingresar al sistema educativo. Cuando estas personas concluyen su bachillerato, por lo menos han estado 12 años en escuelas y colegios. Al graduarse de su carrera universitaria, acumulan 17 años de estancia educativa, y si terminan un postgrado, empiezan a bordear 20 años de educación. Toda una vida. Sin embargo, las posibilidades de que ellos puedan contribuir al desarrollo social y al fortalecimiento de la economía, se ven truncadas por la falta de oportunidades para ingresar al mercado laboral o para convertirse en promotores autónomos de iniciativas productivas.
Educamos de la mejor manera a nuestros jóvenes, pero las políticas públicas, el modelo de desarrollo y la estructura económica se encargan de que ellos no puedan tomar vuelo y los van conduciendo hacia escenarios donde no logran, en la mayoría de los casos, demostrar todas sus capacidades y quedan reducidos, infortunadamente, a hacer parte de las comunidades que no logran montarse al tren del progreso.
Se debe actuar con contundencia para incluir a los jóvenes en la estructura social y hacer que ellos sean protagonistas del desarrollo. Esto implica decisiones de fondo, que no serán fáciles de consensuar políticamente, pero que se deben adoptar con el mayor apremio posible.
Entre esas acciones que no dan esperar, está la de obligar a las empresas a que contraten jóvenes y que ellos representen un porcentaje adecuado del total de sus empleados. Promover que un porcentaje de las listas a concejos, asambleas y Congreso estén conformadas por jóvenes, sin afectar la ley de cuotas para las mujeres o las listas para grupos étnicos. Hacer que las plataformas juveniles sean dirigidas por los jóvenes, quienes también deben tener asiento en los cargos de dirección y asesoría de las entidades públicas, lo que debe ser definido a través de una ley.
Discutir sobre la viabilidad de que la ciudadanía se alcance a los 16 o 17 años, edades en las cuales los jóvenes ya están inmersos en el sistema universitario. También se debe abogar por eliminar el servicio militar obligatorio, especialmente en momentos en los cuales el país está avanzando hacia la consolidación de la paz y la reconciliación, donde las fuerzas militares deben profesionalizarse mucho más.
Trabajar para que la gratuidad de la educación en Colombia se amplíe a la formación superior. Esto implica que el gobierno debe destinar más recursos del presupuesto a universidades y centros de técnicos y tecnológicos.
Crear fondos mixtos de promoción y asesoría en emprendimiento juvenil, con beneficios tributarios para las empresas que hagan sus aportes, los que deben ser establecidos legalmente.
Debemos recordar que los jóvenes ente 18 y 35 años representan el 38% de la población colombiana. Y que las estadísticas poco los favorecen en materia de empleo, continuidad escolar, ingreso a la educación superior, seguridad, salud y vivienda.
Todas las familias tienen en su seno a jóvenes esperanzados en un mejor mañana. No es aceptable ética, política y socialmente que los abandonemos o los excluyamos, porque finalmente el futuro de la nación depende de ellos, de su liderazgo y de su capacidad de crear las condiciones para transformar favorablemente nuestra sociedad.
