Nuestros líderes comunitarios son la medida del capital social que tenemos. Faltan menos de 10 días para las elecciones legislativas y la seguridad de los líderes sociales en nuestro país está en peligro. El comienzo del 2018 no fue nada alentador. Según Indepaz, solamente en el primer mes del año, fueron asesinados 23 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
A esto se suma el informe de Amnistía Internacional titulado “Ataques letales pero prevenibles” que muestra a nuestro país como una de las 4 naciones más peligrosas para ellos. Frente a estas cifras, el Ministerio de Defensa niega la existencia y la responsabilidad de grupos paramilitares y los móviles detrás de los atentados contra dirigentes sociales.
Sin embargo, el análisis de las cifras y los tiempos muestran que hay una fuerte correlación entre la actividad de los dirigentes sociales y los homicidios. Más allá de eso, la gran pregunta que debemos hacer es si nos enfrentamos a un nuevo genocidio político en Colombia. Es urgente la intervención del Estado para prevenir y contrarrestar las amenazas de un sinnúmero de líderes ubicados en Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Chocó y Cesar.
Acabar con la vida de líderes sociales no solo deja un vacío en la participación política, sino que se convierte en un acto directo de intimidación contra la comunidad y en una estrategia de captura política del territorio y de su gente. Si a esto le sumamos el agravante de que la mayoría de atentados y homicidios están en la total impunidad, quedamos ante un escenario donde se percibe una especie de “licencia para matar” como parte de la búsqueda del poder político.
El próximo 11 de marzo, además de ser un día de elecciones, será un día de prueba de la capacidad de respuesta del Estado ante las amenazas que a diario reciben estos líderes y también será una muestra de que tan efectiva es la estrategia de protección que la Unidad Nacional de Protección ha diseñado. No puede seguir con un modelo de auxilio individual que deje desprotegidas a las comunidades. Es necesario abordar mecanismos de protección comunitaria con estrategias diferenciadas para las amenazas que se reciben en zonas rurales de nuestra geografía. Además se requieren recursos investigativos, judiciales y humanos para darle un impulso a las acciones que desarrolla la Fiscalía General de la Nación.
