La Misión Electoral Especial debe presentar un estudio en el que se formulen recomendaciones sobre la organización electoral. La Misión ha trascendido a la escena nacional derivada de los Acuerdos de La Habana, por lo que se inscribe en el contexto de la búsqueda de la paz. Ha sido conformada por ilustres expertos en ciencia política, sin embargo, no representa los intereses políticos de todos los territorios.
En rigor, la Misión Electoral Especial difícilmente podrá entregar conclusiones en las que la voz de la política y los intereses de las regiones, departamentos, municipios y distritos -distintos a los del centralismo- puedan estar presentes para consolidar la democracia colombiana y superar los odiosos desequilibrios socioeconómicos existentes. Por este motivo, llamo la atención para que se tomen en consideración las voces e intereses de los que no vivimos en el centro del país.
La democracia es, ante todo, representativa en las sociedades modernas. A menor representación de la ciudadanía de las regiones periféricas, menor es la calidad de la democracia de una nación. Una Misión Electoral Especial, en su trabajo de consolidar escenarios para la paz, no puede ignorar que nuestro conflicto armado tuvo su génesis en la exclusión política, por tanto, la alternativa tiene que ser política.
Y esta alternativa no puede ser otra que diseñar el modelo institucional de la democracia que cumpla con los valores, principios y reglas que la democracia moderna establece. Uno de estos principios centrales es el poder visible y el autogobierno de las entidades descentralizadas: autogobierno con autonomía política para tener sus órganos legislativos.
Norberto Bobbio nos lo recuerda en El futuro de la democracia: “(…) Por encima de la representación, la teoría del gobierno democrático ha desarrollado otro tema estrechamente vinculado con el poder visible: el tema de la descentralización entendida como revaluación de la importancia política de la periferia con respecto al centro. Se puede interpretar el ideal del gobierno local como un ideal inspirado en el principio de que el poder es más visible en cuanto es más cercano”
En otras palabras, la democracia necesita y presupone la representación política de las Regiones. Representación política que nos fue arrebatada a la ciudadanía de las periferias cuando se destruyó el federalismo con la Carta Política de 1886, en la que de forma autoritaria e inconsulta, se eliminaron los estados federales y nos quitaron el derecho al autogobierno. Esa Carta Política generó el largo conflicto armado que estamos superando.
No debe ignorarse que en la Carta Política de 1991 la escasa representación de la ciudadanía de las regiones quedó establecida, frente al derecho que poseían antes los departamentos de tener un número fijo de senadores en el Parlamento Nacional. Todo se liquidó a favor de las grandes mayorías de la ciudadanía del centro del país, lo que ha ocasionado una representación senatorial que excluye a las regiones periféricas y genera discriminación política.
La Misión Especial Electoral, antes de sus conclusiones, por lo menos, debe invitar a las autoridades de las regiones a que expresen sus puntos de vistas sobre cómo institucionalizar la democracia y garantizar la representación política de los territorios. En particular, a la Región Caribe que clama y lucha por su libertad política y el derecho al autogobierno. No se debe responder con oíos sordos a la contundente voz del Voto Caribe.