El 9 de febrero del presente año, encabezado por la Viceministra de Educación Superior y el Rector de la Universidad Nacional, veinte universidades públicas y nueve institutos universitarios públicos firmaron el documento denominado “Pacto Público por una Educación Superior para la Paz” a través del cual, además de formalizar la Red de Educación Superior por la Paz, se plantea, que reconociendo la ventana de oportunidad que significa el período del post acuerdo para que la educación superior ‘despliegue la realización de su misión institucional, obstaculizada por el conflicto’, señala la voluntad de asumir esfuerzos en los diferentes niveles territoriales para ‘la reflexión, intercambio y diseño de acciones conjuntas que aporten a los procesos de solución del conflicto armado y de construcción de la paz, y la consolidación de la convivencia en la sociedad colombiana.’ Igualmente plantea el documento asumir el compromiso ‘de estrechar los vínculos de la Educación Superior con todos los sectores sociales y con las autoridades públicas para desarrollar estrategias que fortalezcan la promoción de valores como la tolerancia, el entendimiento y la confrontación dialogada de ideas, así como la investigación acerca de los problemas del país y de las mejores fórmulas para su solución.’
Lo anteriormente mencionado que estoy seguro lo suscriben todas las instituciones de educación superior, públicas y privadas, plantea en grueso los desafíos que tienen frente al aporte que deben dar no sólo para cerrar el ciclo largo del conflicto armado, sino para avanzar hacia echar las bases de una democracia moderna. Igualmente debemos destacar las declaraciones de intención realizadas desde el SUE (Sistema de Universidades Estatales). En esa misma dirección se sitúa la iniciativa de la Alianza de Universidades por la Paz –entre universidad Nacional, los Andes, Javeriana, Externado, Rosario y Libre- y el trabajo que muchas instituciones de educación superior vienen adelantando en esta misma línea. Por ello es necesario recordar la importante tarea de formación, que en el pasado realizaron, frente a las desmovilizaciones insurgentes de comienzos de los 90s del siglo anterior la Universidad del Valle y la Pedagógica Nacional; la tarea estratégica de análisis, debate y pedagogía que se ha hecho desde 1997, cuando un grupo de académicos de varias universidades creamos Redunipaz en la Universidad del Valle; o la que viene realizando la Universidad Nacional, a través del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Dialogo de Paz, en relación con el proceso de La Habana y la disponibilidad que muchas voces universitarias han hecho para colaborar en los diálogos con el ELN, si se lo solicitan.
Todos estos ejemplos, desde las instituciones de educación superior, que seguramente son insuficientes, sin embargo muestran la intención, el deseo y compromiso de contribuir, desde sus actividades misionales, que son formación, investigación y extensión o relaciones con la sociedad, en la superación de uno de los problemas estratégicos de nuestra sociedad, como lo es el conflicto armado de larga duración y dar su aporte a la construcción de paz, que no es otra cosa que volver realidad la sociedad inclusiva y democrática que todos deseamos, con una democracia donde el respeto por la diferencia y la pluralidad sean principios reales de vida y no discursos que escondan la exclusión y aún la eliminación -física o simbólica- para los que no piensan igual.
