Se produjo un hecho de control y sanción política en España, ejemplarizante: al Presidente de Gobierno Mariano Rajoy, líder del Partido Popular (PP), le aplicaron esta semana la moción de censura –mecanismo de control político propio de los regímenes parlamentarios-, con lo cual se vio obligado a renunciar y el Secretario General del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, quien lideró dicha moción de censura, fue nombrado el séptimo Presidente de Gobierno –para un período transitorio de no más de dos años antes que se convoquen a nuevas elecciones- con el apoyo de 180 votos en el Parlamento que incluyó una amplia gama de aliados, además de los 84 diputados socialistas, los parlamentarios de Podemos, y una serie de partidos nacionalistas y regionales apoyaron la moción.
Justamente, alrededor de la conformación de esta amplia coalición de partidos políticos, se generó la mayor crítica de los populares y de sectores de la prensa española, lo cual parece reflejar justamente la base de la crisis existente a propósito de Cataluña. Existe una mirada excluyente de las fuerzas políticas nacionalistas y regionalistas, como si ellas mismas no estuvieran conformadas por españoles, que hacen política dentro de la institucionalidad y la aceptan y por consiguiente no se les puede ni debe excluir, pese a sus diferencias. Todo indica que parte del problema con el Gobierno de Rajoy, además de la evidente convivencia con prácticas de corrupción que la justicia española sancionó en diferentes sentencias, fue justamente la incapacidad de utilizar la negociación, el mecanismo por excelencia de la política en democracia, para lograr encontrar acuerdos y consensos, todo ello sumado a la política social reduccionista de derechos.
El Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que va a ser de partido, sin ningún tipo de participaciones a otras fuerzas –europeísta y con amplia participación de mujeres-, tienen el desafío de colocar en el centro de su política la concertación, tanto con los sectores sindicales y sociales para avanzar en un política social progresiva –probablemente derogando algunas normas claramente impopulares- y al mismo tiempo abrir unos espacios de concertación con las fuerzas políticas autonomistas alrededor del o los Estatutos de las Autonomías y/o probables reformas constitucionales que les garanticen mayores derechos, recursos y competencias a las regiones autonómicas; todo esto no para avanzar en la disolución de España, como lo podrían pensar las posturas mas conservadoras, sino justamente para fortalecer en la realidad una unidad del Estado Español que se fundamente en una convivencia compleja con las autonomías regionales, sin presos ni exiliados políticos impensables en una democracia moderna. Y no hay duda que un gobierno socialista bajo la conducción de Pedro Sánchez lo podría lograr.
Porque el ahora Presidente de Gobierno Sánchez tiene la ventaja de ser un líder que ha logrado con tesón y luchando paso a paso construir su carrera política, aún en contra de los ‘históricos dirigentes socialistas’ que no lo apoyaron, con excepción de José Luis Rodríguez Zapatero, por lo cual debió abandonar la Secretaría del PSOE, pero retornó apoyado por las bases del partido y teniendo así una legitimidad renovada.
El caso español llama a mirar nuestra realidad colombiana en ese espejo; la debacle en que se encuentran la mayoría de los partidos políticos colombianos, deslegitimados al máximo y cómo la política tiende a expresarse en términos caudillistas, con alta propensión al populismo –de derecha o de izquierda-.
