Hace más de un año creamos, dentro del Congreso de la República, una Comisión para analizar el estado de la seguridad aérea y garantizar que el crecimiento exponencial de la industria aeronáutica en el país, mantenga en el centro a los pasajeros, su seguridad y a los trabajadores del sector aéreo en Colombia.
Para cumplir con esa misión, realizamos 18 sesiones en las que se escucharon a los organismos de control, los sindicatos del sector, las aerolíneas, los concesionarios, representantes del transporte de carga, la aviación militar, la seguridad aeroportuaria, y por su puesto a la Aeronáutica Civil. También la comisión le dio voz a los pasajeros que vuelan en Colombia, a través de las redes sociales. Para tal fin, abrió canales de comunicación con el hashtag #VolarSeguro y se recibieron comentarios y quejas en el correo volarseguroencolombia@gmail.
El informe final de la Comisión Accidental de Seguridad Aérea fue presentado en las últimas sesiones de la Plenaria del Senado de la República. Allí confirmamos que en los últimos 10 años se triplico el número de pasajeros con una tasa de crecimiento de 10,5% promedio anual y que en el 2018, la cifra se acerca a los 40 millones de personas movilizadas al año.
Pese a estas tasas de crecimiento, en las sesiones llevadas a cabo por la comisión parlamentaria, quedó evidenciado que la Aeronáutica Civil mantiene situaciones que han puesto en vilo la seguridad aérea. Así, del trabajo realizado por más de un año, se evidencian deficiencias en asuntos como nómina de personal administrativo, técnico, misional y envejecimiento de la planta de cargos vigente que no pueden acceder a su jubilación, porque la entidad ha sido negligente en la consignación de los aportes para garantizar su derecho a la pensión.
También con preocupación encontramos que existe una alta probabilidad de conflictos de intereses en la Aeronáutica Civil, al concentrar los roles de juez y parte en las investigaciones de accidentes aéreos. Esta área es fundamental, pues de ella depende la formulación de las causas probables de los accidentes de aviación, las recomendaciones futuras para mejorar la seguridad aérea y particularmente, la definición de las responsabilidades para resarcir daños y perjuicios causados.
Por esta razón, recomendamos retirar la función de investigación de la Aeronáutica Civil y transformar la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en una nueva AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, que sería de carácter independiente y estaría a cargo principalmente de la investigación de accidentes de aviación en el país y de accidentes significativos en otros modos de transporte como terrestre, marítimo, férreo y fluvial. Su función primaria sería, además de las actuales dadas por la Ley 1702 de 2013, la de determinar causas y emitir recomendaciones para prevenir futuros accidentes. No podemos esperar una tragedia aérea para comenzar a tomar acciones.
