Sin duda que colocar y mantener el tema de la Seguridad como preocupación permanente de la sociedad es tarea fundamental. Así como todos nos preocupamos por la economía, el empleo, la salud y la educación, igualmente debemos tener en el radar de prioridad la Seguridad. No sólo porque es un presupuesto fundamental para la vida en sociedad, sino porque buena parte de la existencia de las comunidades políticas organizadas (incluyendo los Estados-Nación) dependen de una adecuada Seguridad mutua.
Es una verdad difícil de negar, que la terminación del conflicto armado con las FARC y su desmovilización -pese a que evidentemente hay grupos de disidentes, como en la mayoría de procesos de este tipo-, la situación de seguridad, especialmente en los territorios, mejoro sustancialmente; por supuesto, no estamos diciendo que estamos en el paraíso terrenal; seguimos teniendo desafíos de seguridad asociados a la presencia de organizaciones guerrilleras como el ELN -que ojalá entienda que tiene en el actual Gobierno del Presidente Duque la posibilidad de hacer un proceso de diálogos serio que termine en su conversión en un movimiento socio político dentro de la institucionalidad-; están igualmente otra serie de organizaciones de crimen organizado ligadas a tráficos ilegales, especialmente drogas ilícitas y minería ilegal, que todas ellas son una preocupación de seguridad en los territorios y que por supuesto el Estado debe darles una respuesta. Para ello es fundamental avanzar con prioridad en la construcción de Estado en los territorios y en ello si bien la Fuerza Pública es una especie de ‘punta de lanza’ debe involucrar a la institucionalidad civil del Estado, que en su conjunto construya legitimidad ciudadana.
Esta respuesta debe ser una combinación del uso de la fuerza legítima del Estado y de opciones de desmovilización, a través de unos acuerdos en el caso del ELN, o mediante el sometimiento a la justicia a las organizaciones de crimen organizado y en esto la tarea de la Fuerza Pública debe ser, actuar como sino hubiera otro tipo de salidas concertadas y las instancias del Estado correspondientes trabajar en lo que está bajo su responsabilidad.
Pero adicionalmente está todo el tema de la seguridad urbana, generalmente asociado a criminalidad ocasional, pero con frecuencia igualmente a organizaciones criminales; en la medida en que la mayoría de la población habita en espacios urbanos, está criminalidad que no siempre son los hechos más violentos, pero si los que más afectan la vida cotidiana de los ciudadanos -especialmente las diversas modalidades de hurto-, frente a lo cual diseñar y ejecutar políticas públicas de seguridad ciudadana, fundamentalmente a cargo de Policía Nacional, debe ser una prioridad y si bien en buena medida es un tema de competencia de las autoridades locales, el gobierno nacional debe diseñar lineamientos de política pública de seguridad ciudadana; igualmente no dejan de existir en muchos espacios urbanos prolongaciones de problemas como el narcotrafico que se expresan en modalidades de microtrafico o el denominado narcomenudeo.
Por todo ello las políticas públicas de seguridad deben ser prioridad de todo gobierno y a ello hay que añadir un trabajo persistente en el campo de la cultura del respeto y la convivencia, que igualmente contribuyan a mejorar la convivencia ciudadana.
