Con el inicio de la agenda legislativa y los debates de control político en el Congreso, comienza a ponerse a prueba la gobernabilidad del ejecutivo y especialmente la capacidad para construir y mantener mayorías que le permitan tramitar sus iniciativas y evitar que a los Ministros les aprueben mociones de censura -parecen haber dos en fila con ocasión de sus desafortunadas declaraciones e iniciativas, Hacienda y Defensa-.
Claramente hay una situación que no está siendo fácil de manejar, la percepción de miembros del partido Centro Democrático qué hay un Gobierno de su partido -no de coalición de partidos como realmente es- y las dificultades que enfrentará el Gobierno en el Congreso para sacar adelante su agenda legislativa con las precarias mayorías de que dispone. No ayudan nada al Gobierno las declaraciones de Ministros como el de Defensa al descalificar y casi criminalizar la protesta social, con lo cual acerca a los partidos independientes más del lado de la oposición y en esa medida se obstruye el trámite de los proyectos legislativos. Porque si hay algún caso en que el ministro dispone de evidencias o pruebas de lo que ha afirmado, debe es ponerlas a disposición de los jueces de la república para que ellos procedan a ordenar y conducir las investigaciones respectivas.
Lo otro que puede estimular declaraciones como las señaladas es justamente la activación de las jornadas de protesta y movilización social y colocar en situación de tensión las relaciones que normalmente son difíciles con las demandas sociales represadas. Los profesores y estudiantes de las universidades públicas han venido realizando jornadas de protesta por sus legítimas demandas de financiamiento para la Universidad Pública y al parecer, hasta ahora, la Ministra de Educación ha manejado el tema con tacto. Las comunidades campesinas, indígenas y afros de los territorios están a la espera de los programas de desarrollo con los cuales el Estado empiece a cancelar la deuda histórica de inversión para dotarlas de bienes públicos fundamentales y así sucesivamente. Para no mencionar lo que puede originarse en movilización social una vez se inicies el proceso de fumigación con glifosato de los cultivos de uso ilícito, si no hay claras opciones de desarrollo alternativo para esas familias de cultivadores y que no disponen de más alternativas de sobrevivencia.
Hay una tendencia en los gobiernos a desconocer el poder de la movilización social y su capacidad desestabilizadora.
La llamada reforma a la justicia, que ya es un ritual de todos los gobiernos, no parece contar con buenos augurios, no sólo porque no se consensuó con las Cortes, sino porque no será fácil que las bancadas se sumen a una iniciativa en que parece haber primado la prisa para presentarla que una discusión mas de fondo; hay que recordar el adagio ‘de la carrera no queda sino el cansancio’. Esto por supuesto no le augura un buen ambiente a la reforma tributaria que vendrá y que en normalmente sabemos genera rechazos políticos-sociales y más aún si las discusiones previas no han sido las mejores.
Es claro que un Gobierno tiene el mandato ciudadano para sacar adelante sus iniciativas en el ámbito de las distintas políticas públicas, pero el como lo haga es lo que remite al arte de gobernar, que implica capacidad de construir acuerdos con las fuerzas políticas y mantener un apoyo social que es fundamental en contextos democráticos.
