Los paros estudiantiles por temas presupuestarios de las universidades públicas y la financiación del sistema de educación superior son una constate o regularidad de la vida social de Colombia, son tan cíclicos como el fenómeno del niño y la niña. Cuando yo era estudiante a mitad de carrera de economía en el 2011 fue el movimiento estudiantil MANE, en el cual participé de forma activa desde su nacimiento hasta su fin; y me acuerdo que en los últimos años de bachillerato hubo otro movimiento estudiantil, el cual no tengo muy presente por los años que han trascurrido, además de que no fui participe de este movimiento al ser solo un estudiante de bachillerato. Ahora como profesor universitario veo el renacer del movimiento estudiantil.
Pero la protesta estudiantil contemporánea es muy diferente a sus predecesoras no solo porque la juventud ha cambiado, es otra generación con otro chip mental, sino porque han logrado unificar los distintos estamentos de la academia en una sola voz para revindicar el problema estructural de financiamiento de la universidad pública, falta ver los logros y alcances que este nuevo movimiento estudiantil logra, y a razón del debate les recomiendo leer el informe que publicó el SUE (sistema de universidades públicas) en el 2012 “DESFINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA: La realidad de la crisis en el sistema de financiación de las Universidades Estatales” aunque esta desactualizado desde el punto de vista de los datos y la estadística logra mostrar el punto de crisis estructural de la universidad pública.
Por otra parte, las protestas estudiantiles son cíclicas y repetitivas no por un capricho de cada generación que llega a la universidad, sino por la existencia de un problema estructural en el esquema de financiación, un problema que ningún gobierno desde 1992 ha abordado o solucionado de forma real, solo ha paleado el problema con pañitos de agua tibia para evitar que explote y dejar el chicharrón al siguiente inquilino de la Casa de Nariño.
La historia de esta crisis empieza en el gobierno Gaviria en 1992 cuando se aprobó la Ley 30, ley que organizó el sistema de educación superior y que en la última década del siglo pasado resultó en un gran avance y ha permitido ampliar la cobertura, ampliar la oferta de pregrados y posgrados, así como desarrollar y organizar el sistema de investigación, mejorar la actividad docente y sus escalas salariales, entre otros logros, aunque también posee problemas, como la financiación de la demanda educativa por encima de garantizar la oferta educativa, o la estandarización de los programas por medio de un sistema de acreditación, o la escasez de recursos para la investigación y su desarticulación con la economía y sociedad colombiana, todos los cuales se deberían corregir y serían espacio para toda una serie de columnas, logró mejorar el sistema educativo pero tuvo el problema letal de la financiación de la universidad.
Obviando todos los demás aspectos discutibles o sujetos a modificación de la Ley 30 el tema de financiación de la universidad pública es el punto clave de esta discusión, y es que la Ley 30 establece que el ajuste de los recursos destinados para las universidades públicas que son parte del presupuesto nacional o departamental se deben hacer sobre pesos reales (valor real del dinero) donde el ajuste está fijado al IPC, en otras palabras, esto garantiza que el recurso o el valor real del presupuesto de las universidades no se reduzca en el tiempo por la inflación, el problema fue que los gobiernos tomaron esto como un techo de financiación para las universidades y no como el mínimo.
En la práctica los recursos destinados a la educación superior no se han incrementado desde la década de los 90 pues al ajustarlos por inflación el valor real de este presupuesto no ha crecido en un poco más de 20 años, pero producto de la inversión en este sector que se ha traducido en una mayor cobertura que se ha logrado con la construcción y modernización de planta física, mayor personal docente y por ende mayor personal administrativo, y si le sumamos que producto de la Ley 30 y el sistema de puntaje salarial docente y la gran capacitación de los mismos para obtener maestrías y doctorados que se traducen en mayores salarios y un fuerte incentivo a las publicaciones por medio del sistema de puntos y escalafón docente, las universidades públicas han visto cómo sus gastos de funcionamiento se han incrementado.
Los gastos de funcionamiento entiéndase como gastos salariales del personal docente y administrativos, gastos de mantenimiento de la infraestructura física y el campus en general y gastos en indumentaria de oficina o elementos para la actividad pedagógica.
Entonces sucedió lo que cualquier persona que sepa sumar sabe que va pasar cuando los ingresos son fijos pero los gastos crecientes. Las universidades empezaron a arrojar déficit y se desfinanciaron año a año, es decir, cada peso que el ministerio de educación da para inversión y ampliación de cobertura solo empeora la situación al año siguiente, dado que el incremento de la cobertura y la inversión presente se traduce en mayores gastos de funcionamiento futuros, y por ende amplia el déficit año a año.
Entonces el problema no es darle medio billón de pesos o el billón completo, eso es lo que cada gobierno ha hecho cada vez que los estudiantes se toman las calles, esto solo garantiza que el déficit siga creciendo y otro gobierno tenga el problema en sus manos otra vez, mientras la universidad pública se va quebrando hasta el día de su liquidación.
Es necesario primero financiar el gasto de funcionamiento de las universidades públicas es decir que el balance real para el próximo año no sea superávit ni déficit, segundo que la tesorería de la nación asuma el pasivo de las universidades públicas, quitándoles estas obligaciones adquiridas durante 20 años como consecuencia de una nefasta política del gobierno nacional, operación de manejo de deuda que implica una emisión de TES. Y lo más importante eliminar la raíz de todos los males y es modificar la Ley 30.
La modificación de la Ley 30 debe tomar como base los recursos que se usen para garantizar el equilibrio financiero de las universidades, atar la inversión y ampliación de la cobertura a la capacidad real de financiar el nuevo gasto de funcionamiento que esta genera o si no se quiere ser tan estricto fiscalmente, atar el incremento del presupuesto de las universidades a la tasa del crecimiento del PIB o como mínimo la variación del IPC, pero que sea explícito que es un mínimo.
Si ninguna de estas reformas se realiza y si no se modifica la Ley 30 que es la raíz de todos los males esta misma columna se volverá a publicar en 8 años, sin necesidad de cambiar una sola coma cuando la crisis vuelva a asomarse sobre las intuiciones universitarias y los estudiantes vuelvan a tomarse las calles de Colombia.
