Hay un ambiente enrarecido en los sectores sociales amigos de la paz, pero también en sectores de iglesia, en embajadas que han apoyado los esfuerzos de terminación del conflicto armado de los colombianos. Sin duda, el principal factor que actúa negativamente es la terminación de la Mesa de Conversaciones con el ELN -que por supuesto es responsabilidad en lo fundamental del ataque con carro-bomba del ELN contra la Escuela de Cadetes de Policía, pero además de los diversos y condenables atentados al oleoducto con los consiguientes daños ecológicos-, pero también influye negativamente la propuesta de crear las ‘redes de participación cívica’ –asociada a experiencias negativas del pasado- y el ambiente guerrerista que se ha creado en la relación con Venezuela, que en muchos espacios suena a un ambiente pre-bélico y por supuesto una actitud percibida por muchos de que hay en el actual Gobierno una cierta animadversión a todo aquello que mencione la palabra paz, porque lo que está a la moda es hablar de legalidad.
Lo anterior no tendría mayor importancia si no fuera por los efectos sicológicos y reales en los territorios; porque en las ciudades capitales eso tiene menos relevancia. Es verdad y eso lo sabemos los profesores de asignaturas como políticas públicas, que con frecuencia cada Gobierno, en nuestro país, quiere mostrarse como novedoso en relación con sus antecesores y especialmente no acepta que lo vayan a considerar como continuista; ese dicho, repetido con frecuencia de «construir sobre lo construido» termina siendo nada más que retórica.
Algunos sacerdotes católicos que trabajan en regiones como la Costa Pacífica, el Catatumbo, el Arauca, donde sigue habiendo una importante presencia de actores insurgentes como el ELN o las disidencias del EPL y las FARC, así como grupos de crimen organizado –las denominadas bandas criminales Bacrim o grupos armados organizados GAO, porque cada Gobierno cree que es mejor cambiar las denominaciones para ponerles ‘su toque personal’-, están preocupados de que pueda darse una especie de ‘cacería de brujas’ con el pretexto que están teniendo diálogos con los miembros de estos grupos armados al margen de la ley.
Sinceramente creo que en el actual Gobierno va a existir una mirada sensata de las realidades en esos territorios. Es decir, tanto los pastores de las iglesias, como los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos, inevitablemente van a estar conviviendo en esos espacios con miembros de estas organizaciones ilegales y pueden correr el riesgo de que sean señalados por adversarios personales o políticos que sean miembros de las ‘redes de participación cívica’, de ser colaboradores o simpatizantes de estas organizaciones ilegales. Por ello los funcionarios estatales deberían ser instruidos para que sean cuidadosos en ese sentido, porque si algo puede ayudar a deslegitimar el gobierno actual es una cacería de brujas a los líderes sociales en los territorios.
Creo que hay una decisión, desde el nivel más alto del Gobierno de proteger a los líderes sociales y por supuesto que esa protección no es solamente impedir que les quiten la vida, sino que no los vayan a estigmatizar y perseguir en sus territorios. Personalmente es lo que espero, que haya un gran esfuerzo democrático por permitir que la protesta social se siga expresando, como parte de una democracia activa y donde a pesar de los hechos de violencia, que rechazamos sin duda, se respete a ese importante capital social que son los líderes y todos los que trabajan por construir paz en condiciones muy difíciles.
