Estos son días de un álgido debate alrededor de temas que, aunque parecen no estar relacionados, en realidad tienen mucho en común, por un lado, las objeciones presentadas a la Ley Estatutaria de la JEP, y por el otro, el regreso o no de las fumigaciones de glifosato.
De estos dos temas se ha escrito de forma amplía y documentada, y su poderosa relación (aunque no exclusivamente) está en lo que ocurre en la tierra rural, un tema que se deja de lado pues se ha vuelvo fácil decir que “los campesinos necesitan oportunidades”, “los cultivos ilícitos (o el glifosato dependiendo del bando que haga el argumento) acaban con tierras productivas”, o “debemos parar la violencia a través de un mecanismo de justicia transicional por los campesinos”.
Todo lo anterior puede ser válido, pero no toca ni por chiste la punta del problema en la tierra rural, que es profunda y de bastante antigua, y es precisamente lo que queda relegado cuando desde las grandes ciudades se quedan estos debates en los procedimientos y mecanismos, y no en las circunstancias que rodean la vida rural del país.
Está ampliamente estudiado la llamada relación desigualdad violencia, como una explicación importante (aunque no única y definitiva) del origen del conflicto armado.
Kurt Shock, investigando dicha relación en un amplio estudio de países con conflicto armado, sentenció: “En el largo plazo, las democracias no sobreviven si no están en capacidad de corregir una situación de desigualdad severa”.
Colombia es un país muy desigual en términos de ingresos, pero ¿Y en lo rural?, la situación es simplemente vergonzosa:
Según Oxfam, Colombia es el país latinoamericano con mayor desigualdad en distribución de la tierra, el 1% de la población ocupa el 81% de la tierra, el otro 99% ocupa el 19%. La situación de los hogares campesinos es escandalosa, un millón de familias campesinas tienen menos espacio que una vaca para pastar.
El 0,1% de las fincas, ocupan el 60% de la tierra, el 66% de la tierra es ocupado por fincas de más de 500 hectáreas, mientras 22 millones de tierras en el país son aptas para uso agropecuario, estas son totalmente desaprovechadas, un predio de más de 1000 hectáreas en el país dedica solo el 13% en agricultura, el resto en ganadería.
¿Qué se ha hecho?
Por supuesto, existen varias formas de desigualdad, pero esta es especialmente dramática si se quiere combatir varios de los problemas que originaron, empeoraron o son consecuencia del conflicto armado, la discusión sobre las tierras motivó parte del origen del conflicto, pero es en el desorden para mantener la propiedad de la tierra en unos pocos, que se generó la violencia en la disputa por recursos, desplazamiento, y explotación indiscriminada.
El narcotráfico se vale de la improductividad de la tierra, el hecho de que existan baldíos en el país que eran una oportunidad única para distribuir entre pequeños propietarios y estimularlos a producir, lleva años ahogándose en promesas incumplidas, en normas como la Ley Zidres que permite alianzas con los campesinos que de forma “feudal” los somete a condiciones desventajosas frente a sus “socios” privados, casi siempre o siempre grandes compañías que llegan a ellos para usarlos a explotar la tierra de su propiedad a cambio de una muy reducida ganancia.
Se ha dado prioridad a la explotación minera, por encima de la tecnificación del campo, y de garantizar a los pequeños campesinos tener medios competitivos de explotación de sus tierras.
Colombia está perdiendo una oportunidad años tras año de atacar varios de sus desafíos al poner la lupa sobre este tema, imaginen: Una mejor distribución de la tierra rural (que requiere un método de redistribución efectiva), acompañada de inversiones para mejorar la productividad de las tierras más aptas para agricultura, daría verdaderas opciones a los campesinos de zonas de cultivos ilícitos, entregaría al país una prolongada seguridad alimentaria, fortalecería la lucha contra la minería ilegal, y reivindicaría parte de las oportunidades de un país abandonado históricamente a su suerte en medio de los grupos armados, bandas criminales, y grandes terratenientes, muchos de ellos despojadores, que se han aprovechado por décadas de esta situación.
