Dentro del alboroto nacional que armó el Presidente Duque con las ‘objeciones por inconveniencia’ a seis artículos de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que por supuesto no comparto y sobre las cuales destacados constitucionalistas se han pronunciado considerándolas inocuas, pero sí estimuladoras de nueva polarización política, incluido el eventual ‘choque de trenes’ institucional que esto podría conllevar, quisiera referirme a los efectos políticos que esto puede generar en función de las elecciones regionales y locales de octubre próximo, que para algunos analistas es el efecto colateral que el partido Centro Democrático y el Gobierno Duque al parecer buscaría con el debate alrededor de estas objeciones.
Si bien el Senador Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, ha planteado que él va a liderar el intento de construir consensos en el Congreso alrededor de estas objeciones, lo cierto es que los partidos que apoyan al Gobierno ni en Senado y menos en Cámara de Representantes, tienen las mayorías necesarias para lograr pasar positivamente estas objeciones –o cualquier otro proyecto de ley o de reforma constitucional- y no conozco si esos consensos se refieran a una forma ‘elegante’ para hundirlas en el Congreso o eventualmente encontrar una redacción que deje satisfechos a todos –difícil, pero no imposible-. El Senador Uribe ya ha reconocido que ellos no tienen mayorías para decisiones más radicales como las que desearían, quizá. Ojalá puedan haber fórmulas de consensos –para lo cual los dirigentes del Centro Democrático deberían reunirse con los del Partido FARC, que son las partes dentro de los Acuerdos de La Habana-, porque si se polarizan los bloques, el gobiernista y el independiente-opositor, esto puede incidir en el trámite de otros proyectos de origen gubernamental como el Plan de Desarrollo.
Pero adicionalmente, esto podría tener efectos imprevistos en las elecciones regionales y locales, en varios sentidos. Primero, porque el rechazo a las objeciones del Presidente a la Ley Estatutaria de la JEP logró acercar a los tres candidatos presidenciales de centro e izquierda, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Gustavo Petro, que sumados superan los votos con los que fue elegido Iván Duque, además de una amplia coalición ciudadana que considera que la defensa de los Acuerdos de Paz es algo fundamental para el futuro de Colombia. Esto podría reflejarse en coaliciones o acuerdos en las elecciones regionales y locales y entonces la estrategia del Centro Democrático de aumentar el número de Gobernadores y Alcaldes elegidos de su partido, podría tener un resultado inverso.
Adicionalmente, sería distorsionador en dichas elecciones regionales y locales, convertir en el tema central de las campañas el Acuerdo de Paz y su implementación, un tema ya saldado para muchos y dejar de lado los problemas, necesidades y aspiraciones de las regiones y localidades, que deben ser los temas a debatir por los distintos aspirantes, para que los ciudadanos escojan aquellos candidatos que presenten las mejores propuestas de respuesta.
A lo anterior hay que añadir el estímulo a las manifestaciones de protesta social que puede conllevar esta actitud, leída por muchos sectores –de pronto equivocadamente, pero eso lo debe mostrar con hechos el Gobierno- de un deseo expreso o tácito, de liquidar los Acuerdos de Paz y de retornar a una situación de alta confrontación interna, cosa considerada indeseable por esos sectores sociales –lo que puede reflejarse en las elecciones regionales y locales- y también, hay que decirlo, por la mayoría de la comunidad internacional.
