Colombia es una sociedad que a lo largo de su historia política siempre tuvo la siguiente paradoja, recurrencia de la violencia para conseguir objetivos políticos -y no estoy hablando solo del último trecho de nuestra historia, sino del más largo en que conservadores y liberales acudieron a la violencia para imponerse a sus adversarios-, pero al tiempo, una tradición pactista, es decir una capacidad o propensión a recurrir a pactos políticos para darle salida a situaciones de crisis. El último y más conocido de esos pactos fue el Frente Nacional por medio del cual liberales y conservadores se distribuyeron el poder político por mitades y alternaron la Presidencia de la República.
Esto lo menciono, porque para muchos colombianos, después de la polarización que se dio alrededor del proceso de terminación concertada del conflicto armado, liderado por el Gobierno anterior, consideraron que era prudente pensar en grandes acuerdos o consensos nacionales. Por ello, causó una impresión positiva, las declaraciones iniciales del Presidente Duque planteando la necesidad de superar las polarizaciones y empezó el discurso oficial a hablar de ‘pactos’ -de hecho la propuesta de Plan de Desarrollo está atiborrada de ‘pactos’-, pero hasta el momento eso no ha pasado de lo discursivo. O de una particular manera de entender los pactos -que los demás estén de acuerdo conmigo-.
En todas las sociedades los pactos son resultado de acuerdos entre sectores, organizaciones, partidos políticos, en los cuales, previó procesos de análisis y de construcción de consensos se llega a pactos que recogen esos acuerdos finales y comprometen a las partes que los construyeron y suscribieron. Los pactos, normalmente conllevan cesiones mutuas -es decir una parte cede algo, para tratar de conseguir algo que necesita o requiere- y por supuesto el compromiso de todos los que participaron de cumplir y honrar lo pactado. Eso no es lo que hemos visto hasta ahora en el discurso y la práctica del actual gobierno. La solución a la Minga del Suroccidente puede ser un buen ejercicio en esa dirección.
Incluso el ex presidente Álvaro Uribe, jefe natural del partido de gobierno Centro Democrático, planteó que él iba a liderar la construcción de grandes consensos alrededor del debate sobre las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP. Desafortunadamente no ha sido así, no sé si por razones de salud del ex presidente, que han dicho algunos medios ha estado indispuesto, o desconozco si por otra razón.
Pero no tengo duda que hoy día se está requiriendo de unos grandes consensos nacionales -que no es que una parte se someta a lo que la otra plantea, sino llegar previas concesiones, a puntos compartidos-, no sólo para el normal desarrollo de la gestión de gobierno -sin duda siempre es válida la afirmación que si le va bien al gobierno nos va bien a todos-, sino para él propia ambiente de convivencia Nacional. Y en esto pueden ser de gran utilidad la experiencia y capacidad de los jefes políticos experimentados.
No hay duda que la famosa frase-propuesta del asesinado dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, acerca del «acuerdo sobre lo fundamental», es decir sobre puntos esenciales, sería básico para establecer unas reglas donde podamos seguir tramitando las diferencias, sin usar la violencia, pero igualmente con la certeza que todos van a jugar limpio y en esa medida es el «acuerdo para poder tramitar institucionalmente el desacuerdo». ¿Será imposible este tipo de posibilidades?
No renuncio a esa posibilidad, que algunos podrían llamarla sueño.
