La Ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz fue radicada el 1° de agosto del año 2017 y aprobado su informe de conciliación en el Congreso el 30 de noviembre de ese mismo año. Hoy un año y medio después no ha podido promulgarse como Ley de la República. Esto mantiene en un limbo jurídico a 10.000 desmovilizados de las FARC, 2.000 agentes del Estado, en su mayoría pertenecientes a la Fuerza Pública y 12 particulares.
Lo anterior, así mismo, impide que más de 800.000 víctimas identificadas en los siete casos que se encuentra investigando la JEP, entre los que hay uno sobre delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, puedan acceder a la verdad, revictimizándolas sistemáticamente día tras días. Es pertinente indicar que el número de víctimas del conflicto armado asciende a 8.803.836, es decir que el camino que tiene la Jurisdicción es muy importante para la justicia de nuestro país con miras a lograr esclarecer la guerra cruel que ha sufrido Colombia durante décadas.
Ahora, uno de los grandes culpables de que esto esté pasando es el Presidente del Congreso, Ernesto Macías, quien durante su gestión ha demostrado ser una persona que no brinda ningún tipo de garantías para un debate democrático y participativo. Su único criterio es complacer y acatar ciegamente a su jefe, el Senador Uribe. En cuanto al trámite de la JEP, ha hecho toda clase de dilaciones que van desde errores de impresión -para no enviar el documento a Presidencia-, una tutela para anular la votación en la Cámara de Representantes y, peor aún, no avalar una votación desfavorable a las objeciones. Macías ha demostrado ser imbatible en creatividad para el filibusterismo y atropello a la ley 5.
Lo que no entiende el doctor Macías es que los periodos como miembros de corporaciones de elección popular no son permanentes, ya que ninguno está atado a su curul para siempre. Por ese motivo, todos los días se debe hacer una gestión que dignifique la labor del Congreso, sobre la base de principios y valores. Lo que pasó es una vergüenza nacional que la Corte Constitucional ahora debe resolver. Por ahora, esperemos que el Honorable Presidente del Congreso no ponga unos nuevos impedimentos en el camino.
