Creo que hay gran acuerdo sobre la necesidad de una reforma del sistema electoral colombiano; la controversia es sobre el tipo de reformas, el procedimiento y oportunidad de la misma. Por ello considero que fue una buena decisión, que en el Acuerdo de la Habana se hubiera introducido la creación de una Misión Electoral Especial, para que elaborara una propuesta de reformas; dicha Misión se conformó con expertos muy competentes y se está a la espera de la presentación de sus recomendaciones -ya presentaron una versión preliminar, pero están en la tarea de redactar la definitiva-; ya veremos qué tanto de sus propuestas son acogidas por Gobierno y FARC y posteriormente aprobadas por el Congreso por la vía rápida, o posteriormente por vía ordinaria.
Más allá del contenido de la propuesta que haga esta Misión Electoral, quisiera señalar, desde mi perspectiva, cuáles aspectos deberían ser objeto de una reforma electoral, sabiendo que normalmente los procesos de cambio siempre tienden a ser más incrementales, expresado en reformas progresivas, que radicales.
En principio no me gusta de la propuesta de la Misión aumentar el número de curules en la Cámara de Representantes –eso creo es de poca acogida en la sociedad-, tampoco lo de cambiar la Registraduría Nacional por un órgano colectivo denominado Consejo Electoral Colombiano.
Yo propondría las siguientes dimensiones de cambio: 1) creación de un Tribunal Nacional Electoral, que remplace el actual Consejo Nacional Electoral, con magistrados con las mismas calidades de los de altas cortes, independientes de los partidos políticos, que sea la cabeza del sistema electoral y la garantía de independencia e imparcialidad; 2) introducción del sistema de lista única y cerrada por partido político para las distintas corporaciones públicas, con estímulos a la participación creciente de mujeres y jóvenes en las mismas, esto implica una organización y fortalecimiento de los partidos políticos y permite que la financiación y las campañas se simplifiquen en cabeza de los partidos y en beneficio de los votantes, pero a su vez requiere normas de democracia interna de los partidos, que deben ser controladas por el Tribunal Nacional Electoral; 3) responsabilidad de los partidos políticos por los avales que entreguen a los candidatos para cargos de tipo uninominal y por supuesto con los candidatos que incluyan en sus listas a corporaciones, esto permitía a acabar uno de los problemas de corrupción más complejos de la política colombiana, pero además llevará a que las campañas para presidente, gobernadores y alcaldes tengan más control y responsabilidad; 4) ir hacia un sistema de financiación estatal de las campañas electorales, para empezar a controlar uno de los factores más perversos de la política electoral colombiana asociada a la corrupción y al peso que terminan teniendo los contratistas en las elecciones, esto conlleva analizar con realismo los topes electorales actuales que están lejos de sus valores reales y establecer mecanismos de publicidad y de acceso a medios de comunicación, públicos pero también privados, de tipo equitativo.
Ahora bien, muchos de los cambios en el sistema electoral colombiano, que tienen relación con el clientelismo y la corrupción, están asociados con transformaciones en el campo de la cultura política y eso no se resuelve con reformas en la dimensión normativa, sino con un gran trabajo educativo.
