Cada vez más los colombianos nos sorprendemos por los enormes desfalcos a los recursos públicos de la nación, a través de diversas formas de saqueo, los corruptos cada año se embolsillan más de $50 billones de pesos, según cifras de la misma Contraloría General de la República.
Será que estamos condenados a padecer éste cáncer que carcome todos los días no sólo lo público, sino lo privado, sin que haya un muro de contención efectivo que evite que millonarios recursos que pueden servir para inversión social en apartadas regiones terminen en manos criminales.
Por qué nos va tan mal a los colombianos cuando se trata de ejecución de proyectos de infraestructura de distinto tipo, por qué la excepción es que terminen en el tiempo oportuno con los costos iniciales calculados, planeados, esa es la excepción y que lo normal es que los grandes proyectos de desarrollo del país terminen siempre en pleitos o fracasen en su ejecución.
Por ejemplo, hay varios casos que aún siguen vivos en la memoria de los colombianos, como REFICAR, el cartel de la Toga, el carrusel de la contratación en Bogotá, con lo que pasó también con la privatizaciones que se promovió el desmonte de los activos más importantes de la nación, privatizaciones como ISAGÉN, ELECTRICARIBE, los acueductos en Colombia y siempre de alguna manera afectan especialmente a la Costa Caribe. El acueducto de Barranquilla ya no es de los barranquilleros, arrancó con el tema de un contrato de operador privado, técnico, eficiente y así le entregaron la Triple A al operador privado, luego vino INASSA, canal segundo, todos los escándalos y se perdieron las acciones del acueducto de Barranquilla.
Hicieron la contratación con el operador privado con el 87% de acciones de Barranquilla, ahora no creo que tengan el 15% de las acciones los barranquilleros y así sigue la historia de Colombia.
Se nos había metido el cuento que la gran tragedia del país era la insurgencia armada, insurgencia política, ya la principal guerrilla se desmovilizó, se desarmó y con las contrariedades, hoy hacen política en el Congreso de la República y aún así siguen los problemas del país, definitivamente el gran cáncer es la corrupción, no sólo pública, sino privada.
En un acto de corrupción pública también hay unos Nule por ahí y también hay ciertos contratistas de los Programas de Alimentación Escolar –PAE-, llegan hasta esos extremos, de contratar a cambio del hambre de los niños de Colombia, o de intoxicarlos, en otros casos, para ganar un contrato de carácter absolutamente social.
Recordemos, también el cartel del cemento, el cartel de los pañales, el cartel del papel higiénico, el cartel del papel que se usa en los útiles escolares, ahí el sector privado es absolutamente responsable, es declarado amigo, no del desarrollo social, sino de la codicia, o qué me dicen de los carteles del combustible en Colombia, en los departamentos fronterizos que hoy campean sin control alguno por parte de la Superintendencia de Comercio, del Ministerio de Minas o de las mismas autoridades locales, regionales y nacionales.
En temas de infraestructura, lo más claro lo tenemos con la carretera Bogotá-Villavicencio, para que se entienda, porque hemos llegado a ese caso de la ruta del Sol y puede que haya pasado en otras grandes obras del país. ¿Qué pasó con la carretera al Llano?, la estructuración financiera, técnica, catastral, social, ambiental, la hizo organismos del grupo de Luis Carlos Sarmiento Ángulo, es así como vemos que los bancos de la organización de Luis Carlos Sarmiento Ángulo financiaron, los bancos son del mismo estructurador, la ejecución, la obra, el contratista, pues la misma firma a través de sus entidades y luego la administración, el mantenimiento, el cobro, el recaudo de los peajes también de Luis Carlos Sarmiento Ángulo, me pregunto, ¿qué garantías tiene ahí la Nación, la sociedad, los colombianos? Y ahí está el reflejo, miren lo que está pasando hoy en esa tragedia que viven los Llanos Orientales, el 14 de junio cerraron la vía por fallas gravísimas en materia de cálculos, de estudios geológicos y le estaban echando la culpa a una granja de pollos ¡por Dios!.
Esto mismo pasó con Odebrecht, qué calidad de mantenimiento tendrán esas obras cuando el que estructura es el mismo, el que financia es el mismo, el que ejecuta es el mismo, y el que administra la concesión es el mismo. Esa es la consecuencia, se trató de corregir con las leyes de infraestructura 1682 de 2013 y 1882 de 2018.
Hoy sigue sin corregirse a pesar de la legislación existente y los colombianos no tenemos garantías de calidad de las obras, cumplimiento, costos y ejecución de las mismas, esa es una reflexión que le cabe al Estado.
En términos generales los colombianos debemos emprender una gran cruzada, que permita desenmascarar a los corruptos en todos los niveles, que sean llevados al escarnio público, pero sobre todo que paguen por estos delitos en prisión y con penas severas, sólo así dejarán de ver a un Estado débil y cruzado de brazos ante tan cruel fenómeno que le quita los sueño a millones de colombianos.
