Como es ya bien sabido, la Corte Constitucional abrió la posibilidad de realizar consultas populares con el objetivo garantizar la participación de las comunidades en las decisiones sobre su territorio. El ejemplo más reciente es la consulta que se realizo el pasado 26 de marzo en el municipio Cajamarca, Tolima donde la pregunta fue “¿Esta usted de acuerdo si o no que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?”.
Desafortunadamente para el país, el sector minero energético perdió. Y de esa forma también perdimos la posibilidad de extraer los recursos los recursos garantizando el desarrollo sostenible, viabilizando la posibilidad que las bandas criminales y/o GAO los extraigan de manera ilícita, con afectaciones reales al medio ambiente, así como todos los efectos negativos que resultan de la presencia de grupos criminales.
Es conveniente mencionar que existen algunos vacíos jurídicos frente a la extracción ilícita de minerales que limita la capacidad de respuesta del Estado frente al delito. Cabe revisar quienes son los actores que pueden tomar acción en estos casos. Es así como se encuentra que en la Ley 1333 de 2009 , el régimen sancionatorio ambiental en su articulo segundo se crea la facultad de prevención la cual no tiene Ejercito Nacional siendo la institución con mayor presencia en el territorio rural y quienes podrían de manera eficiente garantizar la prevención, pero dicha facultad si la tiene la Armada Nacional, vale la pena entonces preguntarse cual fue la lógica de dicha ley.
Por otro lado, la dinámica que estamos viendo es, que las empresas realizan la inversión necesaria en las etapas de prospección y exploración de los proyectos mineros, los viabilizan y una vez presentan las solicitudes a las entidades competentes para la extracción, se promueven las consultas populares que pretenden protegen el medio ambiente, pero que finalmente podrían estar beneficiando a los actores ilegales ya mencionados. De manera que, una vez probada la existencia de recursos minerales es simple extracción ilícita y es un gana-gana para los actores ilegales.
Otro de los fenómenos es la invisibilización de la extracción ilícita a través de la pequeña minera o la minería artesanal y logran continuar con la ilicitud argumentando supervivencia.
Volviendo a nuestro tema de la participación ciudadana mediante las consultas populares, es necesario preguntarnos ¿Cuándo las empresas legales se ven obligadas a salir de los territorios, quienes van a extraer los recursos, con que métodos y en cuales condiciones? O de verdad las ONG que se dedican a oponerse a las operaciones extractivas, creen que esos recursos una vez probados se van a quedar enterrados? Ya esta demostrado lo que sucedió cuando bloquearon a las empresas que se encontraban en el páramo de Santurban, acaso alguien volvió a mencionar la situación del páramo? O solo cantaron victoria por haber sacado a empresas con responsabilidad social, ambiental y empresarial?
Finalmente solo una pregunta para todos y todas, quien esta ganando las consultas? A quien o quienes le estamos entregando el control?
