Por si le faltara un ingrediente más a la ya convulsionada historia de violencia de nuestro país y sumado a ello tantos problemas sociales, como pobreza, marginalidad, desempleo, pandemia, ahora se revive con más fuerza el trágico capítulo de los mal llamados falsos positivos.
La Jurisdicción Especial de Paz -JEP- nos sorprendió en días pasados con la muy importante investigación del caso 03 sobre los falsos positivos en Colombia. El resultado de la Sala de Reconocimiento de la JEP, fue sin lugar a dudas, ¡ATERRADOR!
Cuando a todo el país se le había hecho creer que por causa de esa nefasta practica habían sido asesinados 2248 humildes jóvenes por el Ejército para hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja y así ganar méritos y ascensos al interior de la milicia, las investigaciones serias y exhaustivas de la JEP, arrojan que la cifra verdadera asciende a 6402 los colombianos asesinados por la fuerza pública entre el 2002 y el 2008.
Sobre esta polémica, surgen varios contrastes, el primero es que las cifras que presentó la Fiscalía General de la Nación, al iniciar su proceso investigativo registran 4154 casos menos, ósea, no concuerdan estos resultados con la más reciente investigación de la Jurisdicción Especial de Paz. Surgen entonces varias preguntas, ¿qué falló al interior del ente acusador para no llegar al fondo de la verdad?, ¿quiere la Fiscalía ocultarle la verdadera historia de los falsos positivos al país?, o tal vez ¿desde éste organismo hay interés en encubrir a algún expresidente y los mandos militares de la época y además de otros actores relacionados con los falsos positivos?, todos estos interrogantes son los que necesitamos que sean resueltos para que la opinión pública nacional y el mundo los conozcan. Todos necesitamos saber sobre ¿quiénes dieron las ordenes, ¿quiénes los ejecutaron y dónde poder recuperar los cadáveres para su exhumación?
Pero lo más grave, entre otras cosas, es que el informe revela que, el 78% de los casos de falsos positivos ocurrieron durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y que principalmente seis regiones colombianas vivieron el rigor de esta nefasta práctica, como son Antioquia, Norte de Santander, Huila, Meta, Casanare y la Costa Caribe.
Viene ahora una segunda fase investigativa en otros departamentos como Caquetá, Putumayo, Guaviare, Boyacá, Arauca, Guainía, Sucre, regiones muy azotadas históricamente por la violencia y que muy seguramente la Sala de Reconocimiento de la JEP encontrará otros hallazgos importantes. Es decir, que debemos prepararnos para conocer nuevas cifras de falsos positivos.
Esta nefasta práctica, es sin duda, una grave vulneración de los Derechos Humanos, especialmente del derecho a la vida, que es la base de todos los derechos fundamentales, establecidos en el Capítulo III de la Constitución Nacional, donde se establecen los derechos fundamentales del ciudadano, que son trasversales a todos los demás derechos que desarrolla la carta, nos damos cuenta que, no es el ciudadano el que vulnera los derechos, sino que es el Estado el que los vulnera, cuando es el Estado quien debe garantizarle el derecho a la vida a un ciudadano y por lo tanto, tenemos un Estado que no garantiza el derecho a la vida, y que tampoco garantiza que haya confianza en las instituciones y por lo tanto convierte a la fuerza pública, ya no como defensora y protectora de sus derechos, sino que la convierte en los verdugos de la gente.
Entonces una fuerza pública que cumple funciones de eliminación física, se convierte prácticamente en sicarios uniformados y legalizados al servicio de una clase política que dirige este país sobre la base del crimen y el asesinato.
Todo esto daña el tejido social, genera un terror psicológico del ciudadano hacia el Estado y se convierte esto, en un Estado represivo y no coherente con lo estipulado en la Constitución del desarrollo del Estado Social de Derecho, donde la protección del ciudadano está por encima de todas las consideraciones.
Hablar de falsos positivos, implica para entender este tipo de circunstancias tres aristas fundamentales, primero, cómo entender la política de los falsos positivos desde el poder político, es decir, quiénes son los implicados y responsables y por qué se dio este tipo de política de exterminio. Segundo, cómo poder entender que el Estado se tome por su propia mano el asesinato directo de civiles, contrariando todo el ordenamiento legal de protección a los derechos fundamentales de sus propios connacionales. Y tercero, cómo a partir de este tipo de resultados, establece el Estado mecanismo para resarcir a las víctimas, cuando él mismo ha sido el que las ha provocado. Entonces, matemos civiles y luego paguémosles a las víctimas por habernos dado la oportunidad de privarlos de la vida de un familiar.
Ojalá más temprano que tarde, todos y todas las responsables de estas abominables muertes vayan ante la justicia y paguen todo el daño que hicieron a miles de humildes familias de nuestro país.
