En los sondeos de opinión que se han realizado en la mayoría de las grandes ciudades, el tema de la seguridad aparece como el primero en las preocupaciones de los habitantes, seguido de los temas de empleo y movilidad. Esto es una buena razón para colocar en la agenda de prioridades y del análisis la seguridad, tanto la seguridad pública como la ciudadana.
Desafortunadamente, la tradición nuestra ha sido la de considerar ese como un tema que no es de debate y preocupación de todos; de hecho en el largo plazo la mayoría de las elites y la mayoría de la sociedad se desentendieron del mismo, o consideraron que era de manejo exclusivo de la Fuerza Pública. Profundo error. Quizá eso explique porque ha existido una cierta tradición en los últimos gobiernos, a nombrar a personas en el Ministerio de Defensa, que con algunas excepciones, no tienen el conocimiento adecuado del tema; equivocación grave, porque sería como que no existiera ninguna reacción ciudadana, si se nombrara como Ministro de Hacienda a alguien sin tener ningún conocimiento del tema económico o de hacienda pública. Incluso, vale la pena recordar, que de acuerdo con la Constitución el Alcalde es el jefe de policía de su municipio y por lo tanto tiene la responsabilidad de diseñar y orientar políticamente la política de seguridad para el mismo; esto deberían tenerlo en cuenta los candidatos a Alcaldes.
No hay duda que los temas de seguridad que más afectan a los ciudadanos tienen que ver con diversas modalidades de hurto, el narcomenudeo y los delitos contra la integridad física de las personas. Pero en cada caso se requiere un diagnóstico preciso de las características de estos fenómenos de inseguridad; las autoridades policiales cuentan en muchos casos con ellos, o los centros de análisis académicos -afortunadamente cada vez tenemos más profesionales, mujeres y hombres, especializados en estas problemáticas-, que pueden ayudar a formular una adecuada política pública de seguridad. Pero la mayoría de la respuesta a estos problemas, a cuya cabeza debe estar el Alcalde –si se trata de políticas para la seguridad pública de su Departamento esa es responsabilidad de los Gobernadores- y que debe ser una combinación de medidas preventivas, de control y de contención, deben estar a cargo de la Policía Nacional y allí tienen gran importancia, las actividades de inteligencia policial, la adecuada relación que se establezca entre la Policía con los ciudadanos y el acudir crecientemente a tecnología, como las cámaras de seguridad, drones, etc. Lo anterior debe estar interrelacionado con robustas políticas sociales y políticas de trabajo con jóvenes, porque los fenómenos de inseguridad tienen multi-causalidades, donde la inequidad social es muy relevante.
En ocasiones algunos Alcaldes, probablemente por desconocimiento del tema, creen que la solución a los problemas de inseguridad es sacar militares o marinos a la calle, desconociendo que no son esas tareas para las Fuerzas Militares y que sólo producen, en el mejor de los casos, un efecto de confianza en los ciudadanos que pueden mejorar la percepción de seguridad, pero pueden ser muy riesgosas para los militares y los ciudadanos.
Priorizar las políticas de seguridad no significa, como a veces tienden a pensar, equivocadamente, sectores progresistas, militarizar la sociedad; se trata es de garantizar, con el bien público de la seguridad, el disfrute de los derechos a todos los ciudadanos; por ello al mismo tiempo deben establecerse controles y procedimientos adecuados para los cuerpos policiales, para que estos actúen dentro del marco constitucional y legal.
