La propuesta para una amnistía general del exsenador Álvaro Uribe, que se precisa en un proyecto de acto legislativo, busca “rehabilitar” en la política a criminales ya condenados, sin el marco de un conflicto armado, en contravía del derecho internacional, sin condiciones, referentes o fechas límite. Es una descarada amnistía a la parapolítica, a través del concierto para delinquir y a su progenitor histórico, la narco política de los años 80 que exterminó a la Unión Patriótica y al Nuevo Liberalismo. Es una propuesta abiertamente inconstitucional, en contra de nuestras instituciones democráticas, de tratados internacionales como el Estatuto de Roma y constituye un ataque directo a la Jurisdicción Especial para la Paz. Como dejó claro Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, la propuesta tiene el objetivo de acabar con el Acuerdo de Paz.
No hay ningún antecedente en la historia de Colombia en donde el poder constituyente del Congreso, sin más motivación que la posibilidad de ejercerlo, se use para desconocer los efectos de las sentencias judiciales y que convictos sean habilitados para ser elegidos a corporaciones públicas y nombrados en cargos de la administración, pudiendo ser avalados por movimientos y partidos políticos con tal pretensión.
Lo dijo muy bien Humberto de la Calle, durante 10 años hemos escuchado y visto una y otra vez al exsenador Uribe y a su partido Centro Democrático, oponerse al acuerdo, sabotearlo por encima y por debajo, con el argumento de que lo que hacía era favorecer a la guerrilla con impunidad. Ahora pega un brinco y nos dice que lo que quiere es una amnistía general, para todos. Algo que prohíbe el Estatuto de Roma y puede abrir la puerta para la intervención de la Corte Penal Internacional que actúa bajo el principio de subsidiaridad, es decir cuando un Estado demuestra falta de voluntad o incapacidad para juzgar graves violaciones a los derechos humanos.
Para que esto fuera equiparable, se requiere que las situaciones que se pretende comparar correspondan al mismo fundamento. Hay que destacar que el sistema de justicia transicional a que se someten los desmovilizados de las FARC y demás actores contemplados en ella, son los acuerdos de la Habana para alcanzar la paz con este grupo. En cambio, el fundamento de la propuesta con la que ahora se pretende emboscar al país, no es nada diferente a que quienes la podrían convertir en fórmula jurídica, siguiendo la orientación de su creador, forman parte de un órgano constituyente derivado. Es decir, una fracción del poder para decidir en ese sentido.
No es posible apoyar una iniciativa que no obedece a ningún principio de simetría y busca imponer reglas fuera de lo negociado en el Acuerdo de Paz. El Estado debe estar por encima de los intereses de un partido que pretende aprovechar el poco tiempo que le queda en el poder para auto amnistiarse.
