Es alarmante la noticia que salió el pasado 10 de junio en PARES Fundación para la paz y reconciliación, denominada “Fuerte regaño del Parlamento Europeo al Gobierno Nacional”, porque muestra la crudeza de la violación de los derechos humanos en el país con el asesinato de 63 líderes sociales desde que empezó la pandemia hasta el pasado 10 de junio, junto a los crímenes de personas reinsertadas y de líderes medioambientales.
De igual forma, el Parlamento Europeo manifestó su descontento por la paralización existente en la implementación del acuerdo de paz, y la malversación de los dineros del Fondo de Paz, el que fue engrosado gracias a los aportes que los europeos dieron para que se ejecutaran los distintos planes y programas en el posconflicto, y no para que se utilizaran en contratos para estrategias de comunicaciones de la Presidencia y mejoramiento de la imagen del Jefe de Estado, ni para la compra de 23 camionetas, tanquetas y munición para el ESMAT.
Lo anterior no solo es vergonzoso sino que deja mal parado al país y a los colombianos en el escenario internacional, acabando con la buena imagen que en el gobierno anterior se comenzó a reconstruir como un pueblo progresista que desea la paz, para regresar al perfil de cafres, narcos y paracos.
Como dice el adagio popular “no solo hay que ser, sino aparentar ser”, pues si bien es cierto que las personas no heredan lo bueno y lo malo de su familia, sino que se conocen por sus acciones y coherencia entre lo que dice y lo que hace, también es cierto que la imagen y la confianza que deben generar los gobernantes es fundamental para el fortalecimiento de la gobernabilidad y la democracia; es decir, debe primar no solo el bien común sino la cohesión social y la confiabilidad de los gobernantes para con los gobernados.
En este sentido, el gobierno perdió el año, pues las dudas que se han venido generando de tiempo atrás relacionadas con las noticias de prensa que vinculan a algunos personajes de la vida pública con paramilitares y narcotraficantes, junto a los recientes escándalos referentes al nombramiento de funcionarios públicos que de una manera u otra han tenido algún tipo de vinculación con narcos o paras, dejan un panorama oscuro que se presta para distintas elucubraciones y que lo único que hacen es perjudicar la credibilidad de los colombianos y del gobierno, lo que contribuye a su vez alimentar la imagen de Colombia en el exterior como un narcoestado.
Esta situación ensombrece a su vez la consolidación de los acuerdos de paz, pues, ¿qué garantías en una democracia y en un Estado débil con la reputación antes mencionada, podrán tener los reinsertados, las víctimas y los colombianos de bien?
El desatino del gobierno nacional en nombrar personas que se han venido caracterizando por su oposición a los acuerdos de paz y quienes han manifestado en diversas ocasiones su deseo de modificarlo o acabarlo como por ejemplo el director del Centro de Memoria Histórica o la Sra. Paloma Valencia, quienes han sido designados en puestos de alto calibre para la toma de decisiones relacionadas con los acuerdos de paz y su consolidación, no es muestra de garantías e imparcialidad, sino que por el contrario aumenta la tensión, la desconfianza y manda un mal mensaje no solo a los colombianos sino a los aliados internacionales y al mundo en general.
Hay cosas tan evidentes que el tratar de tapar el sol con un dedo, es un insulto a la inteligencia de un pueblo que cada vez sufre la violencia, la inequidad social, y la falta de garantías que una democracia debería ofrecer a todos sus conciudadanos en igualdad de condiciones.
Como diría Luis Carlos Galán, debemos restaurar la confianza en la institucionalidad, devolverle a los partidos políticos la capacidad reformista para que estén al servicio de los más vulnerables para que exista una cohesión social y no nos sintamos avergonzados de portar nuestro pasaporte colombiano, para que no nos sigan identificando con los corruptos, los narcotraficantes y los paramilitares.
