No hay nada peor que olvidar que somos seres humanos dignos y que debemos ser tratados como tal. Los gobiernos y los estados lo deben tener muy claro, así de simple.
La justa protesta de los habitantes de Chocó y Buenaventura es la respuesta a ese olvido al que tienen sometidas estas regiones periféricas de la nación. ¿Y quién y cómo las tienen sometidas? Cualquier habitante de esos territorios tiene la respuesta. Están sometidas por los poderes públicos del Estado Social y Democrático de Derecho que los excluye e ignora. Duele afirmarlo, pero infortunadamente es cierto, contundentemente cierto.
Este olvido y exclusión no es responsabilidad de un gobernante o un problema de voluntad política individual, pero sí de la voluntad política institucional. La insistencia en un modelo de organización de poder centralizado y su fortalecimiento es el directo responsable de esta política que engendra más “tierras del olvido” como Chocó y Buenaventura. Las respuestas puntuales a los justos reclamos de ellos, no resolverán los problemas de fondo. Ni siquiera abrirán el camino.
Alternativas gubernamentales que como nubes pasajeras alegrarán el ambiente y desmontarán los paros, se irán a otros lugares y en Chocó y Buenaventura seguirá germinando el olvido y la exclusión por ese férreo régimen centralista que les ha privado de los recursos naturales renovables y no renovables a sus legítimos e históricos dueños.
Está afirmación no es gratuita. Puede probarse repasando la historia constitucional colombiana. Antes de la expedición de la Constitución Política de 1886, los estados federales eran propietarios de los recursos renovables y no renovables, y a los departamentos se les quitó esos bienes y se trasladaron al poder central. Esa es la fuente de la exclusión, miseria y pobreza en la que estamos sumergidos. A estas regiones periféricas se les privaron de sus recursos y la Constitución Política de 1991 corrigió poco esta injusticia.
Lo trató de corregir con la introducción de un sistema general de participaciones menos inequitativo, que si bien no enmendaba esa expropiación, sin indemnización, que se le hizo a los departamentos, por lo menos, hacía más llevadera la situación. Sin embargo, reformas constitucionales hechas a la medida del poder central borraron el intento de corrección de la Carta Política de 1991 y la exclusión se radicalizó para convertirse en fuente de conflictos como estos justos paros.
Este es un buen momento para que se pacte con las regiones periféricas, con el Chocó, Buenaventura, La Guajira y con todas en general; que en ese pacto se incluya a los partidos políticos y a los gobernantes regionales para retornar a la fórmula del sistema general de participaciones como estaba prevista en la Constitución de 1991. Esta es una reforma que puede plantearse por ‘fast track’. La paz necesita de un clima pacífico en las regiones periféricas y nada contribuirá más, en ese sentido, que la justicia social.
Revisemos el modelo del poder político centralista. Esta es la fuente de paros, protestas y violencia. La miseria, pobreza, atraso y exclusión tienen como fuente el modelo que hoy existe. No nos llamemos a engaños, si aspiramos a paz estable y duradera, progreso, inclusión y justicia social, no hay mejor alternativa que superar definitivamente este modelo de poder político que tanto dolor ha engendrado. Es tiempo de la Autonomía Regional.
