Al cumplirse un lustro de la firma del Acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC, si bien vale la pena resaltar los aspectos positivos y los incumplimientos, es de la mayor relevancia pensar en lo que está pendiente como sociedad.
Por supuesto que terminó su ciclo la guerrilla agrarista más antigua de América y honró su compromiso desarmándose y haciendo entrega de armas, municiones y explosivos a la Misión de la ONU y comenzaron, la gran mayoría de los excombatientes, su proceso de reincorporación política, social, económica y eso ya es un resultado positivo para el país de la mayor importancia. Sin embargo, no se logró cerrar el conflicto armado como lo aspiraba el Gobierno en su momento, porque desafortunadamente no se finalizaron las conversaciones con la otra insurgencia, el ELN, y por lo tanto, sumado a esto la presencia de grupos disidentes, hacen que como lo plantean algunos sectores políticos y sociales, la consigna de ‘Paz Completa’ siga teniendo relevancia. Hay muchos otros aspectos positivos a destacar, la vigencia del Estatuto de Oposición, el apoyo a programas de sustitución de cultivos ilícitos, así sean parciales, está en marcha un vigoroso sistema de justicia transicional, hay acciones de reparación de víctimas.
Pero igualmente ha habido incumplimientos del Estado -del Congreso, de los Gobiernos-, pero no puede perderse la perspectiva de temporalidad de la implementación del Acuerdo, como lo concertaron en su momento el Gobierno y las FARC, en el Plan Marco de Implementación, al establecer una temporalidad de quince años para esto –tres gobiernos adicionales al que firmó el Acuerdo y estamos al final del primero-.
El aspecto negativo más preocupante es el asesinato de los ex combatientes de FARC en cifras superiores a las 280 personas; excombatientes que se desarmaron y confiaron en que su vida sería protegida por el Estado y evidentemente no se ha hecho –así fuera un excombatiente asesinado ya sería preocupante y la cifra es por supuesto alarmante-; sin duda, este es el principal y más sensible punto de preocupación de la comunidad internacional y debería serlo del Gobierno y la sociedad en su conjunto. A esto se agregan los cientos de líderes sociales asesinados. Al respecto, es importante recordar cómo el Estado colombiano, no hizo su tarea adecuadamente; y ¿cuál era esa tarea? Primordialmente, copar los territorios con una estrategia que implicara presencia de Fuerza Pública e iniciar procesos locales y/o regionales de construcción de Estado en los territorios para de esa manera consolidar legitimidad social, impedir la siembra de cultivos de uso ilícito y asociado a esto poder controlar y combatir los grupos ilegales dedicados a esta actividad delincuencial y dar una protección real a líderes sociales y excombatientes. Igualmente pendiente implementar el punto de Reforma Rural Integral
Se requiere que el siguiente Gobierno retome con seriedad la posibilidad de un proceso de conversaciones con el ELN, para buscar una superación concertada del conflicto armado. Ello supone que el ELN igualmente reflexione políticamente y valore positivamente que lo más conveniente para el país y para ellos mismos, como fuerza política, es que se decidan a dar el paso de transitar el camino de concluir el alzamiento armado, previo un proceso de acuerdos con el gobierno y la sociedad, de abandonar su política de ‘resistencia’ y asumirse como una fuerza social y política que puede contribuir mucho a la democratización del país y a apoyar, desde la civilidad activa, las luchas sociales en esa dirección.
Y por supuesto debemos avanzar en serio en el camino de la reconciliación nacional. El Informe de la Comisión de la Verdad podría ser una herramienta valiosa de ayuda.
