Probablemente una de las mejores decisiones que se tomaron en relación con el Acuerdo de Paz, fue vincular al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como garante del mismo. Recordemos que el Consejo está compuesto por las cinco potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial (USA, Rusia, China, Inglaterra y Francia) que actúan como miembros permanentes con derecho a veto y otros diez países rotativos, que representan las diversas regiones del planeta. Y es el Consejo de Seguridad el que tiene el mandato de disponer recursos económicos y también operaciones en terreno para mantener la paz mundial.
Esta semana tenemos una visita del Consejo de Seguridad para hacer un seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, lo que implica en la práctica un espaldarazo político a dicho Acuerdo que es considerado por la comunidad internacional como novedoso -especialmente por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición- y un ejemplo de solución de conflictos armados, con todas las imperfecciones que sin duda tiene -ninguna obra humana lo es-.
El Consejo de Seguridad se reunió con las partes involucradas, el Gobierno Nacional -reunión de la cual se derivó la solicitud de prórroga de otro año de la Misión de la ONU de acompañamiento a la implementación, decisión qué debemos reconocer al Gobierno del Presidente Duque y a las FARC-, con los dirigentes del Partido FARC y recibieron de ellos sus apreciaciones acerca del proceso y sus preocupaciones, con los presidentes de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con representantes del Consejo Nacional de Paz, con la Comisión de Paz del Congreso de la Republica y visitaron un ETCR -Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación- donde se adelantan los procesos de reincorporación de los excombatientes. Todo lo anterior, le dio a los miembros del Consejo de Seguridad una visión bastante completa de los avances, los pendientes, las dificultades.
No hay duda que más allá de los discursos de campaña electoral, ha habido compromiso del Gobierno por cumplir con aspectos importantes de la implementación -más allá de las objeciones de la Ley Estatutaria de la JEP, que fueron negadas por la mayoría del Congreso en buena hora y aceptado de manera republicana por el ejecutivo-, especialmente en lo relativo a la reincorporación de los ex combatientes, tareas encomendadas a la Consejería de Estabilización y a la ANR y en relación con los PEDETs -aunque ahí debemos decir qué hay todavía un largo camino por recorrer-. Hay pendientes que son responsabilidad conjunta del Gobierno y del Congreso -aprobación de la reforma política electoral, aprobación de las dieciséis curules para que los territorios más golpeados por el conflicto tengan una representación, preferiblemente a través de víctimas del conflicto y aspectos del punto agrario-. Existe un largo camino por recorrer en lo relativo a la reconciliación. Pero el aspecto más sensible en la coyuntura es la seguridad y la garantía de su vida, para los excombatientes –según informaciones del Partido FARC han asesinado a 140 de sus miembros- y para los líderes sociales en los territorios.
Por ello, liderado por la iniciativa ‘Defendamos La Paz’ (DLP), se ha programado para el 26 de julio próximo, una marcha nacional por la protección de la vida de los líderes sociales, los defensores de derechos humanos y los excombatientes, a la cual están convocados todos los colombianos.
