En la solución de conflictos armados internos hay dos modalidades comúnmente utilizadas para hacer viable la negociación, o hacerlo en medio de la confrontación armada, o realizarlo con cese del fuego y de las hostilidades. Ambas son formas de abordar los procesos de conversaciones para terminar un enfrentamiento armado y que corresponden a diferentes momentos y consideraciones; en Colombia ambas han sido utilizadas en el largo esfuerzo de terminar el conflicto armado.
Igualmente es necesario precisar que no es suficiente, dentro de la modalidad de cese bilateral, que haya un cese del fuego -implica parar los enfrentamientos entre los componentes militares de las fuerzas enfrentadas-, sino que es indispensable incluir el cese de las hostilidades, es decir todos aquellos hechos violentos que afectan a la sociedad, que para el caso que nos ocupa implica en lo fundamental terminar con el secuestro, las extorsiones, las voladuras de oleoductos y de la infraestructura energética, la obstrucción de la movilidad de las personas y de los bienes con las modalidades de los llamados ‘paros armados’. Claro, también garantizar la vida y los derechos a los líderes sociales y políticos en todo el país.
Sin duda una de las preocupaciones que tienen los gobiernos frente a tempranos ceses bilaterales en unas conversaciones como la que se adelanta en Quito con el ELN, hace referencia al temor que el cese bilateral sea utilizado por las fuerzas insurgentes para fortalecerse militar y políticamente -darse un nuevo aire-, pero igualmente conlleva el beneficio político de crear un clima de opinión favorable en la sociedad –a pesar del clima de desconfianza existente en muchos sectores-. Algo parecido a lo que el ex presidente Álvaro Uribe planteaba en su primera campaña presidencial cuando decía: «urgencia para el cese de hostilidades, paciencia para la desmovilización».
En el proceso entre Gobierno y ELN, se ha planteado por parte de esta insurgencia, como un punto central la participación de la sociedad a lo largo del ejercicio y no hay duda que para que esto se pueda hacer realidad se requiere de unas condiciones en los territorios que el ruido y los efectos perversos de la confrontación no permiten; es iluso promover la participación de la sociedad en medio de actos de violencia que la afectan y la desestimulan. Y esto se hace más evidente, cuando hay en marcha un proceso de implementación de los acuerdos a que se llegó con la insurgencia de las FARC y que coincide en muchos casos en los mismos territorios.
Es tarea de las dos delegaciones en Quito llegar a las fórmulas técnico-operativas que permitan poner en práctica el cese bilateral del fuego y de las hostilidades a la mayor brevedad posible -que puede incluir alguna modalidad de localización de las fuerzas insurgentes, pero especialmente un serio y creíble mecanismo de verificación-, de tal manera que ambas partes estén seguras que va a ser utilizado para crear un ambiente político favorable al buen éxito de las conversaciones y no para otra cosa y para que los colombianos disfruten los beneficios de esa decisión, que debe ser vista como un anticipo, ojalá irreversible, de la paz completa que deseamos todos. Y en lo posible acompañado de un desescalamiento del lenguaje que contribuiría mucho a crear un clima de convivencia.
Sin embargo, lo fundamental para esto es la voluntad política de las dos delegaciones y en este sentido la importante intervención de los jerarcas de la Iglesia Católica contribuyó a hacerla explícita.
