Históricamente se ha observado que los movimientos y organizaciones sociales usan como única herramienta de interlocución e incidencia con el gobierno “la protesta”, y aún a pesar de los ya reconocidos espacios de participación, los movimientos consideran que no hay otro canal que les permita incluir sus temas en la agenda pública.
Dada la dificultad, los movimientos que logran agrupar sectores, representar temáticas y alterar el orden público, no solo adquieren gran representatividad sino que consiguen una interlocución directa con el gobierno nacional. Estableciendo así su propia agenda y un protocolo único. Claro, lo anterior es una victoria para las organizaciones, pero para el gobierno representa una gran dificultad, teniendo en cuenta que ante cada nueva protesta se requerirá un nuevo protocolo.
Es ahí radican quizá los incumplimientos que en ocasiones se presentan por parte del gobierno. La razón es simple, ante la inmediatez los funcionarios designados para la negociación no miden profundamente las exigencias con las cuales se comprometen, ni se cuenta con procedimientos claramente establecidos que estructuren la negociación y protejan también los derechos de las personas no manifestantes.
Debe considerarse entonces que estamos en el justo momento de aprovechar la oportunidad que brindan los acuerdos de paz. No solo para realizar los ajustes normativos que permitan para garantizar la movilización y la protesta ciudadana; más importante aún es establecer canales reales de incidencia e interlocución con los gobiernos nacional y territoriales. Una vez establecidos y reconocidos dichos canales las organizaciones y movimientos sociales no tendrán que acudir como primera instancia a la protesta.
Es también la oportunidad para protegerlos de convertirse en fortines políticos de cacicazgos regionales que no reivindican los derechos de dichas organizaciones. Es fundamental garantizar la protección de las mujeres jóvenes indígenas quienes viven bajo una triple victimización por el hecho de ser mujeres, de ser jóvenes y de ser indígenas, proteger también las juventudes quienes representan un ciclo de vida único con necesidades propias. No se debería permitir que los derechos de tantas poblaciones vulnerables se continúen violando, dada la imposibilidad de acceso a las instancias de decisión, y las agendas limitadas de los movimientos que ya cuentan con espacios de incidencia.
La estructuración de un sistema de participación eficiente se conseguirá si los movimientos más representativos como lo es La Cumbre Agraria, étnica y popular, está dispuesta a construir mancomunadamente con el gobierno un sistema de participación donde todos los sectores, los territorios y las poblaciones puedan efectivamente interlocutar e incidir en la toma de decisiones. Aceptar que hay espacios de participación y canales de comunicación establecidos para poner en conocimiento de los tomadores de decisión las problemáticas que requieren ser incluidas en la agenda pública.
De esa forma la pregunta es: Vamos a lograr acuerdos frente al tema de movilización y protesta? Porque si bien los acuerdos de paz, obligan a que el gobierno nacional genere espacios de discusión con movimientos y organizaciones sociales frente a temas de garantías para la participación, incluyendo los temas de movilización y protesta, las organizaciones o movimientos que cuentan ya con espacios reconocidos de interlocución con el gobierno estarían dispuestas a ceder en harás de la construcción colectiva?, o aquellas que creen poder lograr espacios similares estarían dispuestas a retroceder y construir un único protocolo de atención a la movilización y la protesta?, y sobre todo estarían todas ellas de acuerdo con respetar las personas no manifestantes?
Sabemos, que las victorias y aprendizajes que ya se han conseguido a través de la “protesta” dificultará que los movimientos y organizaciones sociales se sumen para construir un mismo proyecto que permita una paz estable y duradera, donde la participación ciudadana sea efectiva y eficiente, y donde existan protocolos y procedimientos que garanticen los derechos de todas las personas, incluyendo las no manifestantes.
La invitación es a construir la paz desde todos y para todos! El compromiso de un nuevo país es responsabilidad del todo el pueblo colombiano, no solo del gobierno. Es importante dejar de lado las exigencias e iniciar un proceso de trasformación desde lo individual, pensar en lo colectivo y valorar lo que es público.
